Diversas autoridades de las regiones del norte del país son investigadas por presuntas irregularidades en sus gestiones actuales y pasadas.

PIURA

Cuatro autoridades de Piura son investigadas por diversos delitos. Ellas son: el gobernador regional, Servando García Correa; la alcaldesa distrital de Salitral (Morropón), Ysmenia Monja Zapata; el alcalde de Piura, Juan Díaz Dios; y la alcaldesa de Lobitos (Talara), María Excelina Chapilliquén Ruiz, quien purga prisión.

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Piura inició investigación preliminar contra García Correa, la gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético, Rosa Isabel Martínez Gonzales; el gerente general del gobierno regional, Jesús Torres Saravia y otros seis funcionarios del Proyecto Alto Piura por los delitos de negociación incompatible, peculado, nombramiento y aceptación indebida para cargo público, en agravio del Estado.

Según la denuncia, la gerente Rosa Martínez no cumple los requisitos establecidos por el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), que requiere a un ingeniero y/o agrónomo colegiado, sin embargo ella es licenciada en Ciencias Sociales y Educación.

Por otra parte, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Piura investiga de forma preliminar a la alcaldesa distrital de Salitral (Morropón), Ysmenia Monja Zapata; a su gerente municipal, Alan Gabriel Marcelo Jaime; y otros funcionarios por el presunto delito de peculado.

La investigación señala que se cometieron presuntas irregularidades en la adjudicación directa selectiva de una obra de pistas y veredas por más de 9 millones de soles. De acuerdo a la denuncia, la alcaldesa y el gerente municipal propusieron una declaratoria de emergencia que fue avalada por el concejo municipal y con la cual se adjudicaba directamente el proyecto al Consorcio Salitral, integrado por las empresas Construcciones EQQUS SA y WA & RR Contratistas Generales EIRL.

Para que se diera la declaratoria de emergencia no se solicitaron informes técnicos especializados, por lo cual no procedía.

Recientemente fue denunciado por los comerciantes ambulantes ante el Ministerio Público el alcalde de la municipalidad de Piura, Juan José Díaz Dios, por el presunto delito de abuso de autoridad. Ha sido citado por la Segunda Fiscalía Penal de Piura para que declare sobre las hechos.

Por último, la alcaldesa electa de Lobitos (Talara), María Chapilliquén Ruiz, es investigada en prisión por integrar una organización criminal que direccionaba contratos de servicios por más de cuatro millones de soles cuando ella se desempeñaba como jefa de Abastecimiento en la anterior gestión.

Ella fue detenida en diciembre del año pasado tras ganar las elecciones para alcaldesa del periodo 2019- 2022. Actualmente purga 18 meses de cárcel junto a sus presuntos cómplices, también exfuncionarios del municipio de Lobitos.

LA LIBERTAD

El alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, tiene dos procesos judiciales por presuntas irregularidades que arrastra desde su gestión en el distrito de La Esperanza.

El Poder Judicial lo condenó a cuatro años de cárcel suspendida por el caso “bloqueadores”, decisión que fue apelada por la autoridad edil y el 28 de este mes se desarrollará la audiencia.

Otro proceso que está en etapa de juicio oral es el caso “baños químicos”. Según las investigaciones, el alquiler de dicho servicio se concretó por S/ 78,000 mensuales, pero al cotizar en el mercado local el mismo servicio ascendía a S/ 2,000.

Asimismo, el gobernador Manuel Llempén también es investigado por el presunto delito de colusión simple y negociación incompatible, esto data de su gestión como presidente del directorio de Sedalib.

TUMBES

El gobernador Wilmer Dios tiene tres pedidos de cárcel por presuntas irregularidades en su primer periodo; de igual manera, es investigado el alcalde de Contralmirante Villar, Jesús Luna Ordinola.

En el primer caso recae una solicitud de seis años de cárcel contra Wilmer Dios porque la licitación fue exonerada tras un pedido al consejo regional para una obra de drenaje.

Los otros casos son dos obras en el distrito de Aguas Verdes y San Jacinto. La Fiscalía ha solicitado 8 años de prisión por cada uno de ellas.

Mientras que contra Jesús Luna pesan cinco denuncias por presuntas irregularidades.

Estas son por el uso indebido de un vehículo edil, presunta malversación de fondos del canon para pagar planillas, la sobrevaloración de bienes y la falsificación de documentos.

LAMBAYEQUE

El caso más sonado es sin duda de “Los Faenones de Olmos”.

A inicios de octubre fueron detenidas 18 personas implicadas en esta presunta red criminal que habría encabezado el exalcalde Willy Serrato Puse, quien fue electo en 2018.

Serrato fue sentenciado el año pasado por malversación de fondos, situación que lo llevó a ser inhabilitado para ejercer el cargo. El entonces primer regidor, Adrián Arroyo Soplopuco, pasó a ocupar el sillón municipal.

Empero, la Fiscalía solicitó también 24 meses de cárcel para Arroyo, pedido que será evaluado este miércoles 20.

De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación contra el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por la contratación directa de 10 compactadoras para el recojo de residuos sólidos.

ÁNCASH

El gobernador regional, Juan Morillo Ulloa, tiene tres investigaciones fiscales, dos de las cuales están en investigación preparatoria, es decir, están judicializadas.

El Poder Judicial falló en contra de la resolución que archivó la investigación contra Morillo por no declarar dos de las cinco sentencias en su hoja de vida. Otro proceso es por el sonado caso San Bartolo, donde está investigado en su calidad de empresario, junto con el expresidente regional en prisión César Álvarez Aguilar.

La tercera pesquisa a la que hace frente Morillo fue presentada por la Procuraduría Anticorrupción del Santa y ha sido denominada como “La Nueva Centralita”.

Fuente Diario Correo

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