Falsificaban normas, luego se hacían pasar como funcionarios públicos, abrían una oficina y finalmente entregaban la “buena pro” de supuestos proyectos vinculados a defensas ribereñas, limpieza de cauces y rehabilitación de carreteras.
Así operaba la banda criminal denominada ‘Los Impostores de la Reconstrucción’, cuyos 15 integrantes fueron capturados en Piura por policías y fiscales que los sorprendieron el 31 de diciembre, horas previas al Año Nuevo.
En la operación conjunta entre la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se allanaron tres locales donde funcionaban falsas oficinas de la PCM y otras tres donde se realizaban otras acciones ilícitas.
Asimismo, se incautaron vehículos, computadoras y laptops, y se consiguieron abundantes pruebas para incriminarlos, tales como resoluciones adulteradas, contratos falsos, facturas, boletas, sellos y correos electrónicos.
Según el ministro del Interior, Carlos Morán, hay dos extranjeros entre los 15 detenidos. “Ellos han estafado a 100 empresarios que, al ser engatusados, habrían entregado entre 30 mil y 500 mil soles para lograr proyectos (del plan de reconstrucción)”, señaló.
Se conoció que habría más víctimas; sin embargo, estas aún no se atreven a presentar denuncias porque para obtener esos supuestos contratos de obras debían entregar “sobornos”, contó un agente policial, quien señaló que los estafadores utilizaban una página web (fachada de institución estatal) para invitar a los empresarios a participar en la adjudicación de proyectos, con presencia de notarios.
Al respecto, el fiscal coordinador contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, precisó que se pedirá 36 meses de prisión preventiva para los detenidos que están aún en Piura, mientras duren las investigaciones. “Ellos fueron capturados en flagrancia y se les acusará por el delito de estafa agravada”, agregó.
No tenían escrúpulos
La investigación empezó el 12 de octubre del 2018 cuando la Secretaría de Integridad Pública de la PCM conoció sobre la circulación de sospechosas resoluciones que creaban falsas oficinas zonales en Piura, Tumbes y Chiclayo en el marco de la Reconstrucción con Cambios tras los desastres naturales.
Fue de esa manera que se constató la existencia de un local ubicado en la calle Los Juncos, en el distrito de Castilla, en el que dicha organización realizaba “actividades administrativas”, pretendiendo constituirse como una supuesta sede desconcentrada de la PCM. Allí se hallaron las evidencias.
Incluso, los estafadores habían alquilado tres oficinas en la Cámara de Comercio de Piura para exigir cobros indebidos en presuntos procesos de selección organizados por Agro Rural, la PCM y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Fuente La República
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