Dijeron que no entregó la totalidad de la documentación original que sustenta el citado proceso de contratación.
Luego de que el Gobierno Regional del Callao calificó el allanamiento a su sede como “abusivo, innecesario y desproporcionado” porque colaboraron en la entrega de documentación a la Fiscalía de la Nación y Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en la obra de conformación de domos y sembrado de grass en la avenida Néstor Gambetta, esta última institución desmintió dichas declaraciones de la citada región.
Según la nota de prensa de la Contraloría, la región Callao, gobernada por Félix Moreno, no entregó la totalidad de la documentación original que sustenta el citado proceso de contratación, ni el expediente técnico de la obra, entre otros documentos solicitados.
“Las autoridades regionales solo habían entregado información parcial del expediente de contratación, y de esa información parcial aproximadamente la mitad eran fotocopias, por lo que no es cierta la versión dada por la autoridad regional acerca de que el OCI contaba con el 95% de los documentos requeridos”, data el escrito.
En otro párrafo precisa que incluso después de ejecutada dicha intervención, el pasado 3 de junio, sigue existiendo documentación faltante como el expediente de contratación del personal encargado de la citada obra, el expediente técnico y la estructura de costos que identifica la relación de gastos por los servicios contratados, información indispensable para determinar la razonabilidad del gasto.
OCI AFECTADA
Por otro lado, la Contraloría General de la República calificó de preocupante que la administración regional haya reducido la capacidad operativa del Organo de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional del Callao. “En el mes de febrero de 2015, el OCI contaba con 19 colaboradores y a la fecha solo se cuenta con 10 colaboradores (todos ellos dependientes de dicha entidad).
Como consecuencia, esta medida de la región Callao afecta considerablemente el desarrollo de las acciones de control y constituye una clara vulneración del deber de asegurar el funcionamiento de la mencionada oficina de control.
“La Contraloría ha exigido a la región que cumpla con restituir la capacidad operativa del OCI, toda vez que interfiere el desarrollo de las actuales actividades de control”.
