En el Perú, los arbitrajes pueden ser institucionales o ad hoc. Los institucionales se llevan a cabo en una de cuatro posibles instituciones:la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el AMCHAM, el Colegiode Abogados de Lima y el Centro de Arbitraje de la PUCP.
La CCL ha habilitado su nueva plataforma digital, el Faro de Transparencia, la cual tiene como objetivo informar a la población acerca de los árbitros con los que cuenta la Cámara, pudiendo acceder a sus sanciones y especialidades. Además se pueden visualizar todos los laudos (sentencias) de arbitrajes contra el Estado y más de 200 laudos de arbitrajes privados de los últimos años, permitiendo a la población ver como se está resolviendo.
El abogado Fernando Berckemeyer señala que el portal servirá para “exponer patrones de ciertos árbitros”, generando una mayor confianza en la institución del arbitraje y forzando a los árbitros a actuar de manera más responsable, incentivados por la transparencia de sus decisiones finales.
Asimetría de información
Por su parte, la doctora Rosa Bueno señala que este portal es una necesidad en el mercado, ya que permite a los particulares conocer a los árbitros y saber cómo se desempeñan. “Queremos que cada persona pueda ver qué tan bien resuelve, o el perfil de los árbitros, y decidir si realmente quieren elegirlo a él, o no”, señala.
Asegura que, hasta ahora, los únicos que conocían a los árbitros, así como su desempeño eran los estudios de abogados y que no existía una real forma de informarse acerca de los árbitros de la CCL. El nuevo Faro de Transparencia, según la abogada, resolverá la asimetría de información que plaga a los arbitrajes hoy en día.
Arbitrajes con el Estado son más del 50%
En el 2019, 346 de los 600 nuevos arbitrajes en la CCL son por casos de contrataciones con el Estado, mientras que 15 de los 600 son por casos de concesiones.
De los 600 casos en trámite, 16 han sido resueltos, mientras que 173 han sido concluidos por iniciativa de parte y 22 han sido consolidados, quedando un total de 399 en trámite.
Entre los arbitrajes con el Estado, actualmente 261 son contra empresas estatales, mientras que 69 son con ministerios y 39 son con algún tipo de municipalidad.
175 de los arbitrajes en trámite son por servicios, mientras que 97 son por obras.
Fuente Diario Gestión
