El reciente pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses para 16 investigados en el Caso Arbitrajes de Odebrecht incluye una detallada relación de los presuntos pagos ilícitos y los hechos que se habrían realizado para beneficiar a Odebrecht. La suma de los depósitos bajo sospecha alcanza los US$5’222.523.
Este monto incluye los presuntos pagos en efectivo y honorarios de los árbitros por encima del precio referencial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), de acuerdo al documento elaborado por el fiscal Germán Juárez.
La constructora brasileña habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que tenía con el Estado por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis.
La fiscalía pide 36 meses de prisión para estos imputados, y comparecencia restringida con impedimento de salida del país contra otras cuatro personas, entre las que se encuentra el exárbitro Horacio Cánepa.
-¿Cómo se beneficiaba a Odebrecht?-
Los arbitrajes son mecanismos de solución de controversias alternativo al fuero judicial. Estos procesos son más rápidos que los reclamos en la vía ordinaria y tienen el mismo peso que una resolución judicial, explica la abogada Vanessa Valverde.
En la teoría deberían ser procesos confiables, pues cada parte designa uno de los integrantes del tribunal arbitral y entre ellos o un ente independiente y con prestigio –como la Cámara de Comercio de Lima– designa al tercero. Pero en la práctica los procesos con Odebrecht no habrían sido confiables, de acuerdo a lo hallado por el equipo especial del Caso Lava Jato.
Luego de la emisión de los laudos, Odebrecht habría cobrado las cantidades ordenadas y los intereses; y los sobornados habrían incrementado sus patrimonios personales, incurriendo en lavado de activos, según la fiscalía.
–El volante de Odebrecht–
El principal operador de Odebrecht fue Horacio Cánepa Torre, árbitro y militante en proceso de suspensión del Partido Popular Cristiano. Participó en 18 controversias investigadas entre la constructora y el Estado, y habría recibido US$2’634.000 en pagos ilícitos por estos casos, por lo que habría incurrido en los delitos de cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos agravado y colusión agravada.
Este abogado habría sido hombre clave en el esquema de sobornos, desde que conoció a Carlos Ruiz Paredes, abogado interno de Odebrecht, entre el 2004 y 2005. Cánepa lo conoció cuando habría acudido acompañado de Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de la constructora, a las cenas de recolección de fondos de la campaña del PPC, en el chifa Royal en San Isidro. Se le acusa de haber realizado coordinaciones para recibir y entregar sobornos por encargo con los ejecutivos de la constructora Sergio Nogueira Panicali, Antonio Martorelli y Ronny Loor Campoverde para preparar, con el apoyo de Emilio Cassina Ramón, las demandas arbitrales y designarlo como árbitro en esas controversias.
Cánepa habría percibido US$1’442.000 a través de depósitos en la cuenta de la ‘offshore’ Maxcrane Finances en la Banca Privada de Andorra. Estos pagos fueron a cambio de ayudarlos a preparar demandas arbitrales y fallar a su favor, por los que obtuvo el 1% de lo que pretendía Odebrecht en la demanda.
Además, la constructora también le habría entregado aportes ilícitos por US$1’192.000, en lo que estaba incluido el sobreprecio de sus honorarios y montos para sobornar a terceros. La fiscalía tiene información sobre pagos en efectivo por US$385 mil que habría hecho a los árbitros Randol Campos, Luis Pardo, Richard Martin, Weyden García, Luis Pebe y Emilio Cassina Rivas a cambio de beneficiar a Odebrecht.
En la controversia por la carretera San José de Sisa, cuyo tribunal arbitral lo formaban Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Ricardo Espinoza Rimachi, Cánepa habría recibido US$92 mil a cambio de hacer gestiones “por intermedio de Lourdes Flores Nano” con Castillo. En comunicación con El Comercio, la lideresa del PPC negó que haya realizado gestión alguna.
–Reuniones bajo sospecha–
El principal funcionario público investigado es Celso Gamarra Roig, quien fuera director general de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según la fiscalía, entre noviembre del 2011 y agosto del 2014, recibió US$406 mil de Odebrecht, a través de una cuenta de la offshore Voltron Business Corp en un banco de Andorra. Uno de los pagos lo habría recibido del árbitro Sergio Calderón Rossi en la casa de su madre, en Miraflores.
A cambio, habría facilitado el pago inmediato de los laudos, y recomendado que la procuraduría del MTC no interpongan demandas de nulidad.
En un caso de la carretera Interoceánica Norte, la fiscalía tiene información sobre reuniones entre Gamarra, el procurador del MTC Alan Alarcón Canchari, los integrantes del tribunal arbitral Cánepa, Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller y el representante de Odebrecht Gibran Loor Campocerde. El primer encuentro fue en el MTC y luego se produjeron otras tres citas en el restaurante Vivaldi, en San Isidro.
Según la fiscalía, allí pactaron que Odebrecht solicite un arbitraje ad hoc al MTC, que designe a Cánepa, que el MTC designe a Cantuarias y que se nombre como presidente a Kundmüller; y que los honorarios de estos árbitros sea elevado. Los seleccionados le debían dar una solución inmediata al laudo parcial, y habrían acordado que se acorte el plazo y que se retome el compromiso de la obra con solamente pagar las valorizaciones pendientes.
En diálogo con El Comercio, Cantuarias negó haber participado en dichas citas. Señala que esta acusación se origina en una falsa declaración de Cánepa, y que los honorarios cobrados se encuentran dentro del rango de lo que establece la Cámara de Comercio de Lima.
A modo general, Jaime Pinto, árbitro de la CCL y de AmCham, señala que las reuniones informales son inusuales en estos procesos, pero que la tarifa de los honorarios puede variar bastante de acuerdo al monto de la controversia, su complejidad y el tiempo de duración del proceso.
–La participación de Abanto–
Humberto Abanto Verástegui, abogado de Jaime Yoshiyama en el Caso Aportes a Fuerza Popular, también ha sido incluido en el pedido de prisión preventiva. La fiscalía sostiene que Abanto recibió US$106 mil, como soborno en un proceso, y un sobreprecio de honorarios de S/135.375.
En una de las controversias por la carretera Interoceánica Norte, Sergio Calderón Rossi, entonces asesor legal de la Dirección General de Concesiones en Transporte del MTC, habría pactado un soborno de US$400 mil con Fernando Llanos Correa, representante de Odebrecht. Calderón se habría quedado con US$40 mil, le habría dado la misma cantidad a Celso Gamarra, y los US$320 mil restantes al árbitro Alejandro Álvarez Pedroza, quien ayer salió del país con rumbo a Estados Unidos.
A su vez, Álvarez se habría quedado con US$108 mil y le habría entregado US$106 mil a cada uno de los otros dos árbitros de este proceso: Humberto Abanto y Ramiro Rivera. La entrega se habría producido en efectivo en un departamento de Álvarez, en San Borja. Abanto se ha defendido señalando que la fiscalía solo tiene testigos de oídas.
Según la fiscalía, Álvarez le dijo a Calderón dos frases: “como jode Abanto por la plata” y “no vayas a pensar, compadre, que yo me la llevo toda, tengo que repartir con la gente por partes iguales”.
Esta tarde, el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva contra los 16 investigados.
–Datos–
1) La fiscalía también identificó cobros indebidos del árbitro Jesús Galindo Tipacti por S/202.977, pero declaró la extinción de la acción penal por la muerte del investigado.
2) Por falta de elementos de convicción, no continuará la investigación contra Fernando López Miranda, Gregorio Oré Guerrero, Óscar Falen Incháustegui, Martín Musayon Bancayán y Alberto Montezuma Chirinos.
3) Se derivó a la fiscalía de la Nación los casos de los exprocuradores Jaime Vales Carrillo, Alan Alarcón Cancharari y Oswaldo López Arroyo.
4) Se renunció a la acción penal contra los exdirectivos de Odebrecht a raíz de la firma del acuerdo de colaboración eficaz.
5) Este Diario intentó recoger las versiones de Kundmüller, Martin, Álvarez y Zapata, pero no los ubicó.
Fuente El Comercio
