Líder de Perú Posible recurriría a la CIDH si el Congreso lo denuncia por los delitos de lavados de activos y asociación ilícita para delinquir.
Alejandro Toledo contempla la posibilidad de acudir a instancias internacionales si se aprueba el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso Ecoteva, donde se le acusa de los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, así lo anunció Luis Lamas Puccio, abogado del expresidente.
“Esa es la razón por la cual nosotros vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir un debido proceso, pero primero agotaremos las instancias nacionales, así lo permite la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró el letrado a la agencia Andina.
La Comisión de Fiscalización, que recomienda investigar a Toledo por la creación de una empresa en Costa Rica y la adquisición de dos inmuebles en Lima a través de su suegra, Eva Fernenbug, debatirá este lunes el preinforme.
Según el documento preliminar, el líder de Perú Posible participó en la constitución de la empresa Ecoteva, “un centro financiero ‘off shore’ que administraría fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza”.
La empresa Ecoteva fue fundada en 2012 por Eva Fernenbug, de 85 años, y con sus fondos, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se pagaron las hipotecas de las casas del exmandatario en Camacho y en el balneario de Punta Sal.
Fernenbug compró con dinero de Ecoteva una residencia en Las Casuarinas y una oficina en Surco, todo por un valor de casi cinco millones de dólares, operaciones en las que supuestamente el exmandatario intervino, según el reporte.
El informe parlamentario recomienda que el caso sea enviado al Ministerio Público y también implica a la esposa de Toledo, Eliane Karp, a Fernenbug y al empresario peruano-israelí Josef Maiman, entre otras personas.
Pese a esta situación, Lamas Puccio aseguró que Toledo se encuentra tranquilo porque ha demostrado que no es propietario de los inmuebles adquiridos en Lima por su suegra y denunció que se quiere incriminar a su cliente “sin pruebas”.
“Si hay una persona, el empresario israelí Josef Maiman, que dice ‘este dinero (con el que se hizo estas operaciones) es mío y acá están los documentos que demuestran que los recursos son de mi propiedad’, ¿cómo pueden hablar de lavado de activos? Eso es lo que tienen que explicitar en la comisión”, enfatizó.
Toledo es investigado por el fiscal de la Nación, José Peláez, por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Fernenbug afronta una indagación por supuesto lavado de activos en Perú y en Costa Rica.
Fuente Peru21
