Por medio de una resolución emitida el 2 de enero del 2023, el juez John Bernardino Pillaca Valdéz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional, dio su consentimiento al acuerdo de colaboración eficaz dado entre José Graña Miró Quesada, exdirectivo de la empresa constructora Graña y Montero, con la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público.
Según se expresa en el documento, el empresario reconoció graves actos de corrupción, a lo que manifestó su compromiso en ayudar a la justicia peruana en la investigación consiguiente de estos delitos mediante la entrega de información en seis carpetas fiscales, data relacionada a casos como el Club de la Construcción, así como a indagaciones que se llevan a cabo respecto a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
Consecuencias para Graña Miró Quesada
José Graña Miró Quesada tendrá que afrontar varias restricciones como consecuencia de su incriminación. En este sentido, se le ha impuesto una sentencia por la cual el exdirectivo no podrá contratar con el Estado peruano por un lapso de cinco años.
Por otro lado, se estableció el pago de una reparación civil estimada en 40 millones de soles, a razón de los daños causados al país por su participación en delitos graves. Tal como se dicta en las clausuras del documento, la deuda deberá ser pagada en un plazo no mayor a 60 días posteriores a la emisión de la sentencia aprobatoria del acuerdo.
Asimismo, la empresa asociada a Graña Miró Quesada, Aenza (ex Graña y Montero) deberá pagar al Estado un aproximado de 500 millones de soles, una cantidad también acordada en el documento firmado por esta empresa y las entidades judiciales, presentado ante el Poder Judicial en septiembre del 2022.
“Una vez efectuado el pago del señor José Graña, estaremos ante la reparación civil más alta que se ha cobrado hasta el momento a una persona natural por delitos de corrupción en el Perú”, afirmó la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
Fuente La República
