El Juzgado Penal Anticorrupción de Chiclayo programó para el 21 de marzo el juicio oral contra el empresario, Alejandro Criollo Quispe, y el abogado Roberto Caján Alegría, quienes enfrentan un pedido fiscal de 12 años de cárcel, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Sin embargo, el juzgamiento podría truncarse debido a que el empresario interpuso una demanda de hábeas corpus que ha sido admitida por el juez Roberto Santamaría Inoñán, del Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo.
En dicha demanda, el acusado pide que se anule la resolución que ordena el juicio oral, en la parte que admite como medio de prueba el acta de visualización de su celular, el cual fue incautado en su vivienda ubicada en la urbanización Las Brisas. También, pide que sea declarada prueba ilícita y sea excluida como medio probatorio.
Precisamente en dicho celular se hallaron conversaciones de WhatsApp entre Criollo y Caján, donde se advierte que el abogado le dice “chequera” al empresario, y ambos coordinan la entrega de supuestas coimas a fiscales y jueces, a fin de ser beneficiado en diversos procesos judiciales.
Es así que la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe Gil, acusó al empresario Criollo Quispe de haber entregado S/20,000 al abogado Caján Alegría, con el fin de que soborne al fiscal responsable de una investigación contra su socio Franco Robles.
Asimismo, se le imputa a Criollo haber sobornado con S/ 9,000 a un árbitro de la Cámara de Comercio de Cajamarca, a fin de que resuelva a favor del Consorcio Unión, representado por su sobrino Osmán Yangua Criollo.
Así también, se le atribuye haber entregado S/ 7,800 al procurador del Gobierno Regional de Cajamarca, Segundo Miguel Gutiérrez Uriarte, a fin de que emita informes favorables a consorcios, en procesos de conciliación.
En una de las conversaciones de WhatsApp se observa que Caján le dice a Criollo: “conversé con la fiscal que lleva el caso de tu esposa, […]para buscar la mejor salida». «Confírmame la transacción. Para poder entregar de una vez […]. Me llamó el fiscal de Chiclayo, le dije que lo llamaba por la tarde, del caso Robles.
Asimismo, el 20 de abril del 2018, Caján dice: «Ayer hablé con la juez , me dijo que iba a revisar la demanda del terreno para sacarlo de una vez […]».
Es por ello que el empresario Criollo Quispe busca que las evidencias halladas en su celular no sean tomadas en cuenta durante el juciio.
“La Fiscalía realiza la lectura de conversaciones de WhatsApp de los contactos Alva, Ricardo Sandob, Ing. Callirgos, Arqui Chota, los cuales no tienen ninguna relación con los hechos materia de investigación (Comuna de La Victoria y GORE – Lambayeque).
Cabe indicar que la Fiscalía pide 6 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo para el procurador del GORE – Cajamarca, Segundo Gutiérrez.
Fuente Diario Correo
