La Contraloría alertó la inaplicación de penalidades durante la ejecución de la obra de rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa Santa Magdalena Sofía Barat de la ciudad de Chiclayo, a cargo del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, con un presupuesto de S/ 16 386 578.
Según detalla el ente en su informe n.° 024-2022-OCI/5343-SCC, las penalidades superarían el 10% del monto contractual con el consorcio, ascendente a S/ 764.140, y fueron ocasionadas porque durante 74 días calendario no se contó con la presencia del especialista en mecánica de suelos.
En un informe anterior, la Contraloría había advertido que el especialista propuesto para la mencionada función no cumplía con la experiencia para su participación, pero no se tomaron las acciones oportunas, lo que generó que el servicio se brinde sin dicha asistencia profesional.
Pagos que no correspondían
Por otro lado, se detectaron pagos por S/ 67.172 debido a valorizaciones de supervisión de obra que consideraba profesionales no establecidos en la estructura de costos de la propuesta ganadora, así como por el pago a profesionales que incumplieron los requisitos previstos en las bases.
En el primer caso, el GORE pagó S/ 31.611 por cuatro valorizaciones de supervisión de obra que incluyeron a un arquitecto supervisor, un gerente de obras, un coordinador de proyectos y tres practicantes, sin que estos puestos formen parte del contrato.
En el segundo caso, los pagos fueron de S/ 35.561 y corresponden a profesionales que, siendo parte de la propuesta económica, no cumplieron con la experiencia mínima requerida en los Términos de referencia.
Se trata de otras cuatro valorizaciones que fueron tramitadas y pagadas por servicios de un especialista en arquitectura, y de un ingeniero experto en voz y data, quienes no tenían la experiencia requerida de acuerdo a las bases.
Retrasos en partidas
Esta acción de control también permitió advertir que en 2.099 metros lineales de veredas ejecutadas hasta el cierre del informe no se contemplaba la partida ‘Juntas de dilatación rellena con mortero asfáltico”, lo que afectaría la calidad de la obra.
Los auditores revisaron los cronogramas de la obra y evidenciaron que el contratista estableció un plazo de 60 días calendario para la ejecución de dicha partida, cuando debió iniciar el 28 de marzo de 2022 y culminar el 26 de mayo. Sin embargo, el 10 de mayo se constató que los trabajos no empezaron.
La Contraloría refiere que el informe fue puesto en conocimiento del gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, para que se adopten las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones.
Fuente La República
