El fiscal anticorrupción de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, abrió una nueva investigación contra los que resulten responsables en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Este lunes 16 de agosto, el Ministerio Público y la Policía Nacional intervinieron la entidad para recabar documentación.
Las diligencias preliminares están vinculadas a la obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de José Leonardo Ortiz, según la disposición fiscal a la que pudo acceder La República.
Hechos
Dicho proyecto fue recibido por la municipalidad el 18 de septiembre de 2020, mediante acta de recepción de obra, por la gestión del alcalde Wilder Guevara Díaz. La obra conocida también como Centro Operacional de Seguridad Ciudadana se ubica en la avenida Chiclayo.
Los hechos irregulares se basan en que el centro operacional presenta deficiencias de operación: cámaras de seguridad con imágenes congeladas, call center inoperativo, en otros. Estos fueron puestos a conocimiento por el gerente de Seguridad Ciudadana, César Díaz Valderas, ante la Gerencia Municipal, a través del informe n.° 015-2021, del 23 de febrero de 2021.
A ello se suma que la Fiscalía detectó que la referida situación ya había sido comunicada hasta en ocho oportunidades a la gestión de Guevara Díaz. Incluso, una de las primeras advertencias se realizó el 22 de octubre de 2020, es decir, la obra presentaba fallas luego de un mes de su recepción.
Una segunda irregularidad está relacionada con la falta de capacitación al personal que operaría las cámaras de vigilancia, pese a que en noviembre de 2019, la entidad canceló al contratista la valorización n.° 07 para el pago de capacitaciones por el importe de S/ 76.734. Esto fue confirmado en la carta n.° 11-2020, del 25 de febrero de 2020.
También se advierte que no se habría tramitado el traspaso de seis unidades vehiculares de patrullaje a favor de la comuna de José Leonardo Ortiz, debido a que luego de la recepción de la obra las propiedades seguían a nombre del consorcio Ejecutor JLO. Además, esta se efectuó a pesar de que no se había culminado al 100%.
El mencionado consorcio también solicitó S/ 171.465,93 por el levantamiento de observaciones en la obra y la liquidación técnica de la misma, de acuerdo a la carta n.° 003-2021. Sobre el particular, se verificó la inaplicación de penalidades y reconocimiento de gastos mayores no sustentados.
Diligencias
Dentro de las pesquisas programadas por la investigación destaca el pedido de información a la Gerencia de Infraestructura en cuanto a documentos por recepción de obra, y la solicitud a la Oficina de Tesorería por comprobantes de pago de valorizaciones.
De igual forma, se programó interrogatorio a los regidores James Prado Ayala y Carlos Rodas Diaz, así como para el gerente de Seguridad Ciudadana, Cesar Diaz Valderas. Justamente el primer concejal en mención denunció estas irregularidades.
Durante la intervención realizada este lunes se comprobó que varias cámaras de vigilancia no funcionaban, no se cuenta con personal suficiente y solo se trabaja en horas de la mañana, según fuentes de la Fiscalía.
La investigación por el presunto delito de negociación incompatible es por el plazo de 120 días.
Fuente La República
