El 25 de junio se revelaron transferencias de Odebrecht, con dinero salido de la Caja 2, por distintas obras en el Perú, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano –actualmente inconcluso–, adjudicado en el gobierno de Ollanta Humala a la empresa brasileña mediante consorcio.

Estos pagos se encuentran registrados en el sistema operativo Drousys que manejó la constructora brasileña, usualmente usado para operaciones ilícitas en los distintos países en los que operó la compañía.

El contrato

El 23 de julio 2014, el Gobierno peruano firmó el contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano con el consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás. Su adjudicación fue por más de 7 mil millones de dólares.

La situación en favor del consorcio genera dudas, a raíz del interés del proyecto, el proceso de licitación y su adjudicación.

El 1 de agosto del 2012, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se reunió con el presidente Ollanta Humala en el Palacio de Gobierno. El encuentro duró 6 horas y media. Ambos ya se habían reunido el 26 de octubre del 2011.

Para el 2 de agosto del 2012, el mandatario recibió a la cabeza de la compañía brasileña, Marcelo Odebrecht. También estuvo Barata en la reunión de casi 3 horas y 15 minutos. Ocho días después, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para afianzar la seguridad energética y promover el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país. Esto permitió que se concesionara el Gasoducto Sur Peruano. La norma fue publicada el 22 de diciembre de ese año.

El 10 de enero del 2013, se ratificó que el proyecto sea incluido en los procesos de adjudicación de Proinversión. Al día siguiente, Odebrecht se reunió con el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Proinversión delegó el 1 de febrero de ese año el Gasoducto Sur Peruano al Comité Pro Seguridad Energética, entonces a cargo de Guillermo Lecarnaqué. El 24 de ese mes se convocó a licitación el proyecto. Para el 8 de mayo, se cambió a Lecarnaqué por Édgard Ramírez, exconsultor de Odebrecht. Esto fue promovido por el entonces titular del Minem, Eleodoro Mayorga –designado el 24 de febrero–, quien había realizado consultorías para la constructora y que se reunió, ya como ministro, con representantes de esta en un par de ocasiones.

Para la licitación se presentaron dos consorciadas: Gasoducto Sur Peruano, en la que estaba Odebrecht, y Gasoducto Peruano del Sur. Esta última quedó descalificada, por lo que el único postor era el primero. La adjudicación se realizó el 30 de junio.

Para el fiscal Reynaldo Abia, según El Comercio, hay un fundamento a tomar en cuenta: el 16 de abril del 2019 se decidió la conformación de una comisión que evalúe las propuestas y realice la precalificación del proyecto. Luis Sánchez Torino, jefe de Proyectos en Temas de Seguridad Energética y presidente del grupo evaluador, señaló que la descalificación fue realizado por el comité que estaba a cargo de Ramírez.

Las transferencias de la Caja 2

En el Perú, Odebrecht reconoció culpa en cinco obras a través de dos acuerdos de colaboración: la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3; la Línea 1 del Metro de Lima; la Vía de Evitamiento de Cusco; la Costa Verde, tramo Callao; y la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, en Áncash. No obstante, no fueron los únicos proyectos en los que la constructora entregó dinero salido de la División de Operaciones Estructuradas, conocida como la Caja 2.

El sistema operativo Drousys de Odebrecht registró más pagos a distintas obras en el Perú y otros países en los que operó, según la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), difundida por Convoca.

En el caso del Gasoducto Sur Peruano, hubo 17 transferencias con dinero salido de la Caja 2. Estas fueron entre el 19 de septiembre al 12 de noviembre del 2014, por un total de 3 070 000 dólares.

Para estas operaciones aparecen 10 beneficiarios finales a través de 7 empresas intermediarias, que recibían el dinero de la Caja 2 mediante offshores de Odebrecht. Los codinomes –apodos– son ‘Disco’, quien recibió $400 mil; ‘French’, $500 mil; ‘Gaza’, $430 mil en tres transferencias; ‘Japa’, $50 mil; ‘Magali’, $450 mil en cuatro pagos; ‘Magneto’, $40 mil en dos entregas; ‘Martelo’, $50 mil; ‘Novatos’, $200 mil; ‘Princesa’, $900 mil en dos pagos; y ‘Sorte’, $50 mil. Resalta que el 8 de octubre del 2014 se realizaron 9 transferencias.

De los mencionados ‘Gaza’ sería el vicepresidente del gobierno regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. Él aparece como director y presidente de CGZ Ingeniería Corp., cuya escritura pública fue el 2 de septiembre del 2014 en Panamá –viajó un día antes a ese país y regresado al Perú un día después de haberse creado la empresa–, posterior a un mes de haberse realizado la primera transferencia para él a través de la nacida compañía –el 8 de octubre–.

Odebrecht, mediante sus offshores, volvió a transferir dinero a Galarza a través de CGZ Ingeniería el 12 de noviembre del 2014, mientras que el 8 de octubre de ese año lo hizo a través de PEL Project Engineering & Logistics.

Galarza indicó a Convoca y a IDL-Reporteros que en el 2015 acordó con el gerente general del Gasoducto Sur Peruano, Rodney Carvalho –también era directivo de la empresa–, que realizaría una asesoría financiera para un ducto a construirse en paralelo con el proyecto. Su contrato iba a ser a través de la india ECI Engineering & Construction Company Ltd, para la obra de un gasoducto líquido para Odebrecht –esta no fue ejecutada–.

El otro nombre que se puede conocer es ‘Novatos’. El dinero fue transferido a Fortune Active LL.C el 12 de noviembre del 2014. Esta empresa es del argentino Daniel Díaz, quien señaló a Convoca que este pago fue un “bono” por una asesoría a la constructora por el proyecto.

También hay dos operaciones previas: el 15 de abril y el 19 de mayo, de 189 474 dólares por ambas a ‘Vermelho’ por Kuntur, que era la consorciada Kuntur Transportadora de Gas –a cargo de Odebrecht–. Esta fue concesionaria del Gasoducto Sur Andino, proyecto firmado en el 2008; no obstante, el 23 de octubre del 2014 solicitó el cese de contrato, aceptado por el Ministerio de Energía y Minas y por el Gobierno el 4 de noviembre de ese año, pero sin aceptar la devolución de la Garantía 1 (de entonces $66 705 106) del acuerdo, entregada después mediante arbitraje.

En la fecha que se solicitó la finalización del contrato hubo otra transferencia, por $700 mil para ‘Princesa’ y a través de Noyaga Inc., mientras que el 10 de noviembre, días después de aceptarse el pedido, se pagó $500 mil a ‘French’ mediante Chirag Grand Power Corp.

Las investigaciones por el Gasoducto Sur Peruano

La fiscal Norma Mori del Equipo Especial Lava Jato tiene a su cargo una de las investigaciones por el caso Gasoducto Sur Peruano, la que comprende a 30 personas –incluyendo a Nadine Heredia–, sin haberse determinado todavía a sus beneficiarios finales.

Además, el fiscal Reynaldo Abia tenía la investigación contra Édgard Ramírez de Proinversión y la exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Claudia Hokama. Se presentó acusación en agosto del 2017, en la que solicitaba una condena de seis y siete años de prisión para los implicados. No obstante, el caso estuvo detenido, debido a un retraso en la notificación del fallo de la Corte Suprema para no incluir a una subsidiaria de Odebrecht como tercero civil responsable. El aviso se realizó el 20 de junio del 2019, pero el fallo fue el 22 de junio del 2018.

Los pronunciamientos

Ante la revelación de transferencias hechas con dinero de la Caja 2, OEC, antes Odebrecht, señaló a través de un comunicado que en los sistemas My Web Day y Drousys hay registro de transacciones internas y privadas. “Es equivocado afirmar que todos los proyectos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción”. En el caso de Perú, señaló que es errada una presunta omisión suya con respecto a la información entregada a la Fiscalía.

El expresidente Ollanta Humala, a través de su cuenta de Twitter, señaló que lo revelado “debe investigarse”, añadiendo que en el proyecto del Gasoducto se instauró una cláusula para resolver el contrato en caso existiera actos de corrupción.

El coordinador del Equipo Especial, el fiscal Rafael Vela, había señalado a Cuarto poder que entre el 16 al 19 de julio se va a interrogar a Jorge Barata y a Ricardo Boleira.

Fuente La República

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