Ante la demanda de Odebrecht al Gobierno peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la cancelación de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano, muchos peruanos se han preguntado sobre cuántos procesos de arbitraje llevó el Estado.

Según explicó Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro en RTV Economía, se puede acudir a dicho tribunal cuando una empresa considera que se vulneró sus derechos o cuando considere que la interpretación del contrato no fue la correcta por el ente estatal, por lo que si no hay un acuerdo entre ambas partes, la compañía puede acudir a un arbitraje para que indique si se cometió o no una falta.

Ochoa recalcó que el CIADI no es el único centro de arbitraje. “Hay otros arbitrajes como por ejemplo la Cámara de Comercio de París, donde ha sido uno de los arbitrajes que hemos tenido en Perupetro, en donde acudió una empresa Noruega por los Lotes 4 y Lote 7 y que felizmente lo ganamos. Otro arbitraje es el caso del consorcio de Camisea, que también lo ganamos, ambos nos demandaron en el 2012 y dos o tres años después ganamos estos dos casos”.

El también experto en temas energéticos recordó que el país ganó 14 de las 17 procesos de arbitrajes, siendo el más representativo el caso de Camisea, donde se ganó 64 millones 800 mil dólares de los casi 110 millones de dólares que ha ganado el Estado peruano.

En esa misma línea, el abogado experto en derecho penal y económico, Carlos Caro indicó que dichos casos fueron ganados debido a que estaban mal planteadas. Asimismo, resaltó que en estos casos el Estado invierte mucho dinero, ya que debe de contratar abogados en los Estados Unidos.

El expresidente de Perupetro aseveró que hasta la fecha el Estado perdió solo en tres casos de los 17 en total, sin embargo se registra un saldo a favor gracias al arbitraje de Camisea.

¿Cómo debe actuar el Estado?

Para Aurelio Ochoa, el Estado tiene muchas posibilidades de ganar el caso, ya que la anulación del contrato se debe a que no se garantizó el 100% del financiamiento del proyecto, además de la cláusula anticorrupción que estipulaba el contrato.

“Lo otro a favor es que en todo momento actuó de buena fe ya que se encargó de cuidar la maquinaria (que es de propiedad del consorcio), la tubería y todos los implementos. Por ello el Estado está pagando por año 50 millones de dólares y ya está casi por el cuarto año. Esa es una clara demostración se actuó bien”, aseveró Ochoa.

Por su parte, Carlos Caro estima que la empresa estaría buscando reactivar la negociación con el Estado, ya que para llegar al tribunal arbitral primero debe de agotarse las negociaciones a nivel interno.

Fuente La República

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