La congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País presentó este jueves 22 el proyecto de ley que fortalece las contrataciones del Estado y salvaguarda el uso eficiente de los recursos públicos. La propuesta de la legisladora (PL 7099) aborda los diferentes problemas que tiene la actual Ley de Contrataciones del Estado para poder generar los incentivos adecuados a fin de tener mejores contratos, mejores expedientes técnicos, mejores obras, mejores servicios y menos corrupción en beneficio de los ciudadanos.
Actualmente, en el país hay más de 2000 obras paralizadas, que incluyen construcción y mejoramiento de carreteras, mejoras en servicios de salud, educación, proyectos de desarrollo agrario, y más. Servicios urgentes para millones de peruanos.
Muchas de estas obras tienen problemas desde el inicio debido a las reglas establecidas para contratar con el Estado. De acuerdo con la congresista Tudela, el proyecto que presentó aborda tres grandes problemas en el sistema actual:
Se suele contratar lo más barato
Aunque no está escrito en la ley, siempre gana una licitación el postor que ofrece el menor precio posible, lo cual genera un problema: los postores suelen ofrecer precios por debajo del precio real y luego agregan adendas, aumentando el precio final de la obra.
Un ejemplo de esto es el controversial aeropuerto de Chinchero. Originalmente, la obra iba a costar alrededor de US$530 millones y debía estar terminada en 5 años, en el 2019. La obra ha terminado costando casi US$1200 millones y aún no ha sido entregada.
“Mi proyecto incluye un artículo en la ley que fortalece el criterio de rigor técnico en todas las etapas de contratación, especialmente en la selección de postores que ofrezcan obras de calidad con sustento técnico y estructuras de costos definidas. Esto es fundamental para determinar quién gana la licitación. Lo mejor no siempre es lo más barato y, muchas veces, lo barato sale caro”, refirió la congresista en un video publicado en sus redes sociales para explicar el proyecto.
- Malos expedientes técnicos
En América Latina, se invierte en promedio entre 5% y 7% de lo cuesta una obra en elaborar un buen expediente técnico (documento fundamental para construir una obra), mientras que en el Perú solo invertimos entre 1% y 1.5% del valor de la obra.
“Como el precio más bajo manda, se invierte muy poco en expedientes técnicos y esto luego nos pasa la factura, generando paralizaciones y otros problemas. Mi proyecto promueve que se invierta más para tener mejores expedientes técnicos que luego no generen problemas una vez que ya se está ejecutando la obra”, agregó la parlamentaria.
- Paralización de obras por juicios
Otro grave problema es la gran cantidad de obras que están paralizadas debido a medidas cautelares otorgadas a favor de las empresas que las ejecutan.
La congresista añadió que en la actualidad nuestro sistema legal genera incentivos para que algunas malas empresas detengan la ejecución de un proyecto con medidas cautelares por motivos que no son siempre técnicos, como no contar con fondos o personal suficientes para continuar la obra.
Al respecto, propone que, al igual que en otros procesos de solución de controversias, la empresa que quiera paralizar una obra tenga que pagar una garantía equivalente al 25% del valor de la obra.
De esta forma, añade Tudela, se desincentiva que las empresas traten de paralizar las obras injustificadamente y que esto sólo ocurra cuando haya razones reales para hacerlo.
“Así, se protege no solo el dinero de los ciudadanos, sino el interés de los peruanos en que las obras se concluyan sin demoras arbitrarias. Hay que tener claro que la finalidad de que el Estado construya colegios, hospitales y carreteras es garantizar la prestación oportuna de servicios como educación, salud y conectividad”, manifestó la legisladora.
“Los miles de millones de soles del presupuesto público, que provienen del bolsillo de todos los peruanos, deben ser cuidados para que se conviertan en mejores servicios y en mejores condiciones de vida para todos”, refirió la congresista de Avanza País en su reciente publicación en redes sociales.
Beneficios:
– Garantiza la interoperabilidad entre las entidades del Estado, mediante información actualizada respecto de los contratistas o proveedores.
– Mayor comprensión y legitimidad en la Ley de Contrataciones entre los agentes que participan del proceso. – Simplifica los mecanismos de contratación pública.
– Transparenta los criterios en la toma de decisiones en el marco de una contratación pública.
– Lo barato sale caro: no más precios iniciales que simulan el costo total de una obra.
– No más obras paralizadas por solicitudes cautelares maliciosas en los arbitrajes con el Estado.
– Estudios con suficiente rigor técnico para asegurar la ejecución total de la obra en beneficio de los ciudadanos.
Fuente: Comunicaciones e Imagen Institucional – Congreso de la República
