Miguel Ciccia, también parlamentario de Renovación Popular, no trabajaría para la población, sino más bien para los intereses de su familia. Imágenes difundidas por Panorama muestran que Ciccia asistió a la inauguración de un proyecto inmobiliario en la región que representa. Sin embargo, las suspicacias nacieron cuando se descubrió que KINSA, grupo inmobiliario a cargo del proyecto, le pertenece a su sobrina Valeria Landa Vásquez y a su prima Olga Vásquez Arrieta.
El dominical reveló que el congresista tuvo un papel protagónico al crear nexos entre su familia y Ligia Ortega Pereda, intendente regional de Sunat Piura. Aunque, en primera instancia, Ciccia negó esta acusación. Luego de mostrarle el registro de reuniones con su nombre y el de sus familiares, este aclaró que las intenciones de esta reunión iban a beneficiar a muchas personas. “Ella (su sobrina) quería promover que su empresa pague el monto restante que no cubre el bono otorgado por el Estado para adquirir una casa propia”, expuso el parlamentario. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia, pues la empresa KINSA buscaba un beneficio en impuestos.
Los delitos de Miguel Ciccia
El abogado penalista, Carlos Caro, explicó que la situación de Ciccia podría materializar hasta tres delitos. “En este caso se puede dar lugar a la comisión de múltiples delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible”.
Finalmente, y con todas las pruebas, el congresista admitió que hubo un conflicto de intereses, que la reunión se llevó a cabo pero que no se llegó a un acuerdo y solo quedó en ‘consulta’.
Aun así, el delito de tráfico de influencias no solo se configura luego de finalizado un acuerdo, sino desde el momento en que un funcionario inicia las conversaciones para usar su poder en favor de alguien más.
Andy Carrión, letrado penalista, especifica que “aquí no se requiere un resultado específico para cometer este delito. Basta la sola reunión con intenciones de influenciar ante un funcionario para que sea denunciable”. Además, Carrión se refirió al delito de peculado de uso, pues el legislador llevó a su asesor para que tome notas sobre la reunión.
Fuente Diario Expreso
