El Congreso de la República del Perú ha iniciado el debate sobre el predictamen que dará forma a la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Este proceso involucra la discusión de un documento elaborado por dos comisiones: Economía y Descentralización.
Durante la primera sesión de debate sobre esta reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, se ha revelado la inclusión de una serie de proyectos presentados por los congresistas, referidos a la adquisición de bienes, obras y servicios estatales.
Cambios en la contratación
Entre los cambios propuestos, se destacan dos puntos clave: los impedimentos para contratar con el Estado y la resolución de controversias, que incluyen los arbitrajes.
El predictamen actualmente en discusión tiene base en tres proyectos, dos de ellos originados en el Congreso y uno presentado por el Gobierno en 2023. Sin embargo, se podría añadir tres iniciativas más: los proyectos de ley (PL) 01789, 05672 y 07401.
El PL 0741, presentado por el legislador Alex Paredes, busca:
Modificar los impedimentos para que los funcionarios puedan contratar con el Estado. Actualmente, la norma establece una restricción general durante el ejercicio del cargo y los 12 meses posteriores.
En cuanto a los parientes de un funcionario o exfuncionario, la limitación propuesta para contratar con el Estado es similar en términos de tiempo y alcance.
Cualquier persona jurídica o accionista que haya formado parte de una entidad sancionada con la inhabilitación para contratar con el Estado no pueda participar en otro proceso de selección durante los 12 meses siguientes a la imposición de la sanción.
Mientras que el PL 05672 se enfoca en el artículo 45 de la norma, que trata sobre la resolución de controversias. Su principal propuesta es:
Establecer un límite monetario para llevar disputas a la Junta de Resolución de Disputas, reservando esta instancia para contrataciones de obras cuyos montos sean iguales o superiores a S/ 100 millones.
Por otro lado, el PL 07189, propuesto por María Acuña, busca que las licitaciones y concursos públicos cuenten obligatoriamente con la presencia de un notario público o un juez de paz para garantizar mayor transparencia.
La nueva norma
Durante la primera sesión de debate, el presidente de la Comisión de Descentralización anunció que la nueva norma se denominará «Ley de Contrataciones Públicas» en lugar de «del Estado», destacando un cambio de enfoque que reconoce el rol clave de proveedores, contratistas y entidades.
Según Alejandro Cavero, se identificaron seis problemas de la ley actual que se pretenden resolver con la nueva normativa, entre ellos:
- La falta de proveedores.
- Demoras en las fases preparatorias de las obras.
- Sanciones excesivas a funcionarios.
- Poca claridad en los requerimientos.
- El uso injustificado de contratos sin proceso de selección.
Fuente Infomercado
