Para el consejero regional Olchese Tarazona, las irregularidades detectadas en la adjudicación del supervisor de la obra de mejoramiento de la Alameda de la República serían indicios de corrupción y direccionamiento en el proceso.
La semana pasada el OECE (Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes) confirmó que hubo irregularidades en la contratación del supervisor, además de que el acta de la buena pro fue firmada por un funcionario que no integraba el comité de selección.
«El OECE advierte que se han vulnerado los principios de competencia y libertad de concurrencia. En el ámbito de los procesos penales este es indicio grave de colusión; este tipo de indicios se presentan en aquellos casos donde la entidad se colude con el contratista para direccionar», afirmó el consejero por la provincia de Huánuco.
La supervisión de la obra del Mejoramiento de la Alameda de la República se adjudicó por más de 1 millón 320 mil soles. El contrato ya se firmó con un consorcio integrado por la empresa Jogama Consultorías y la persona natural de José Alberto Matos Campos.
Pero de acuerdo con el OECE, el Gobierno Regional habría vulnerado las bases estándar al añadir requisitos fuera de sus lineamientos. Por ejemplo, dentro de la experiencia del postor, se solicitó subespecialidad en vías urbanas, pero con tipologías que no correspondían a lo que dispone la normativa.
«Este tipo de observaciones nos dicen que la convocatoria ha estado direccionada, que las bases y los requisitos se estructuran para que un determinado postor gane; a lo que se suma otro indicio, que es la firma del subgerente que no pertenecía al comité. Son indicios claros para delitos de colusión», señaló el también exfiscal.
Además, Olchese Tarazona demandó acciones de la Contraloría ya que el OECE no se pronunció sobre otras presuntas irregularidades: que el postor ganador de la buena pro habría presentado una oferta económica para un modelo de contratación distinto y que no la presentó junto con la oferta técnica.
«Esto también va a ser otro indicio que la Fiscalía va a tomar en cuenta al momento de pronunciarse, a pesar de que el OECE no se ha pronunciado. Ya corresponderá a los órganos de control como la Contraloría o la Fiscalía pronunciarse», señaló.
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