Gerente general y especialistas advierten que no se podría reparar la estructura hasta resolver esta controversia en un tribunal arbitral.
Las polémicas decisiones del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) en la reparación del canal Daniel Escobar le seguirán pasando factura por largo tiempo.
Y esto porque la contratista, Consorcio Escobar, solicitó un proceso de arbitraje contra el Pechp luego que este organismo le resolvió el contrato por un presunto retraso injustificado.
El hecho lo confirmó el nuevo gerente general del Pechp, Carlos Rodríguez Villalta (asumió el 15 de enero), quien agregó que el documento ya es analizado por área legal.
Evitó pronunciarse sobre el monto de indemnización que solicita el consorcio.
¿obra se paraliza?
Según el gerente y los especialistas consultados, el arbitraje pone en riesgo los futuros trabajos de reparación del canal, porque se tendría que esperar el final del proceso, para intervenir en el tramo dañado (400 metros de losa).
“Se rescindió el contrato y le quedaba al consorcio dos cosas, o conciliaba o se iba a arbitraje. En este momento tengo entendido que ha presentado una carta para irse a arbitraje. Eso tiene que verlo asesoría legal que tiene el expediente y seguramente se va a ver”. Comentó Rodríguez.
Pese a este escenario, agregó, se ha previsto la elaboración de un expediente para reparar el canal
“Lógicamente [no se puede intervenir]. Es que también la intervención que vamos a hacer por lo menos será [en unos meses]. Tenemos que solucionar lo más rápido para intervenir. Tendríamos que verlo a través de asesoría jurídica y la procuradora para ver como se resuelve eso”, afirmó.
En riesgo
Al respecto el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, y la abogada especialista en contrataciones, Claudia Cabanillas, coinciden en que se pone en riesgo la continuidad de la reparación.
De este canal dependen más de 80 mil hectáreas de cultivos, así como el abastecimiento de agua potable a la población de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre a través de la planta de agua en Curumuy.
“Al existir una controversia, pudiera existir un problema para continuar con la solución definitiva. Además, habría que verificar si se hizo una constatación notarial. Creo que no se hizo por la premura. Esto es cuando un notario va y verifica qué cantidad de trabajo del contrato se avanzó. Eso se hace cuando resuelves un contrato y eso no se habría hecho por la premura en retomar el agua”, dijo Asmat.
El contrato se resolvió el sábado 18 de enero mediante una carta notarial que se notificó a las 6:00 p.m.
Se menciona que se aplica la resolución por retraso injustificado y por que la penalidad supera el 10% del valor del servicio.
Intangible
El servicio de reparación del canal Daniel Escobar se inició el 27 de diciembre y debía terminar el 6 de enero. El plazo inicial era de 10 días, pero se amplió por cinco días por solicitud del contratista.
Por su parte, la especialista en contrataciones Claudia Cabanillas ratificó que no se podría reiniciar trabajos en el canal hasta resolver la controversia.
“Lo que hace un arbitraje es paralizar todas las acciones y la controversia se somete a conocimiento de un tribunal. Como el canal es un tema de urgencia, tendrían que encontrar una salida normativa, pero en términos efectivos lo que se haría es arriesgar la intangibilidad de la obra, es decir, si ellos han ejecutado mal, esos trabajos mal realizados tendría que ser asumidos [por otro] y de alguna manera la responsabilidad se dispersa”, comenta la especialista.
Para la abogada, en este escenario la entidad estatal sería la mayor perjudicada.
“El nuevo contratista que entra, asume todo, incluso los trabajos mal ejecutados. Y al dispersarse la responsabilidad, la entidad es la que pierde, porque podría resultar una obra mal ejecutada y con los vicios ocultos, podría iniciar un [nuevo] arbitraje luego y no tendría un resultado prometedor para la entidad”, afirmó.
Conciliación
Sobre los plazos de un proceso de arbitraje, la especialista señala que únicamente en la instalación del tribunal arbitral se podría tardar hasta seis meses.
“Un arbitraje puede ser de dos meses como de cuatro años”, comentó.
Cabanillas explica que una salida sería acudir a la vía de la conciliación para que acepten la resolución de contrato, pero sin la aplicación de la penalidad.
En el caso, el PECHP aplicó multas por encima del 10% del valor de la obra (1 millón de soles) debido a los retrasos.
Empresas
El consorcio Escobar está integrado por las empresas Constructora e Inmobiliaria Ensamar S.R.L. e Inversiones Adri Contratistas E.I.R.L.
El valor del servicio de reparación del canal fue de 1 millón 031 mil 134 soles.
El Tiempo llamó al número asignado a la empresa Ensamar.
Se solicitó una entrevista con uno de los representantes, pero el personal solo pidió un teléfono para devolver la llamada. Hasta el cierre de edición no hubo una respuesta.
Debes saber
El 14 de agosto, el PECHP recabó dos cotizaciones para el servicio de reparación. Esto, para elaborar el precio referencial.
De forma increíble, la entidad no tenía registros de labores similares.
El 18 de diciembre, el PECHP firma el contrato con el consorcio, a pesar que no habría presentado documentación clave, como los seguros de los obreros.
Contraloría también advirtió que la empresa no acreditó la maquinaria.
El 27 de diciembre empieza el corte. El 12 de enero la crisis se agrava y llega el ministro de Agricultura. Se instalan geomembranas.
El contrato lo firmó el gerente Manuel Barreno. A su renuncia, asumió Juan Vílchez Correa. Se le retiró del cargo y asumió Carlos Rodríguez.
Fuente El Tiempo
