Antes del COVID-19 el país libraba una batalla contra otro virus tan atávico y perverso como el actual: La corrupción. En el plano internacional, somos el puesto 105 (de 180) del ránking de países más corruptos del mundo y, en el plano local, este flagelo ocupa el segundo lugar en la percepción sobre los principales problemas del país, después de la inseguridad ciudadana.
Los esfuerzos por combatirla no han sido pocos. Un contingente reducido de policías expertos en inteligencia operativa de algunas unidades especializadas, y la participación de fiscales, lograron éxitos notables en los últimos 4 años, capturando más de 190 funcionarios entre congresistas, jueces, fiscales, alcaldes, regidores, militares, policías y expresidentes, quienes inclusive, en algunos casos, estuvieron coludidos con empresarios para llenarse los bolsillos ilegalmente. Por causas de la corrupción, el Perú perdió en el 2019 S/23 mil millones de soles (15% del presupuesto del sector público), según reveló el contralor Nelson Shack.
La corrupción en tiempos de pandemia goza de buena salud y no tiene rubor ni sensibilidad social. Por el contrario, la tragedia y la muerte son su mejor oportunidad para el latrocinio organizado. Los hechos demuestran que, en esta oportunidad, los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) sobrevaloraron precios y adquirieron productos de mala calidad en pleno COVID-19. Es tiempo de dar respuestas audaces, contundentes y definitivas.
Por eso, planteamos dar un salto al siguiente nivel de la Inteligencia y desarrollar la herramienta de Contrainteligencia con mayor amplitud y eficacia contra la corrupción. No proponemos renunciar a neutralizar riesgos y amenazas contra los Activos Críticos Nacionales (ACN); al contrario, planteamos su evolución para contrarrestar la amenaza de la corrupción por el bien del país.
El proyecto requiere, entre otras cosas, de voluntad y decisión política permanente, alejada del aplauso de la platea y la sensualidad de las pantallas de TV, un grado de autonomía para no “contaminarse” (debidamente supervisada), entrenamiento especializado, equipamiento sofisticado y una inversión de S/120 millones de soles al año (versus los 23 mil millones que perdemos al año), para garantizar un alto nivel de eficiencia operativa y productividad en beneficio de todos.
Hoy es la oportunidad de poner a prueba la mano dura con acciones estratégicas amplias y de gran impacto, implementando una contrainteligencia especializada, sin burocracia, verborrea académica y procedimientos trasnochados, para ayudar de manera real y sostenible en la lucha contra la corrupción y así lograr un país moralmente más sano, próspero y justo.
Fuente Perú21
