Ante el primer caso de COVID-19 registrado en el Perú y la decisión tajante del gobierno de Martín Vizcarra de aplicar el estado de emergencia sanitaria, el aislamiento social obligatorio, la cuarentena y demás, la población saludó las medidas aplicadas. De inmediato, se dispuso que los efectivos policiales con apoyo de miles de militares se distribuyeran por todo el territorio nacional en aras de proteger a la población.
POLICÍA QUE CUIDA TU VIDA
Sin embargo, no demoró mucho en que los mismos ciudadanos cuestionaran las pobres condiciones con las cuales los efectivos se protegían del virus. La sombra de la corrupción volvió a aparecer. Después, sería el propio cuerpo policial, cansado del maltrato al personal subalterno, quien denunciaría supuestas prácticas irregulares en la adquisición de implementos de cuidado. Un escándalo de corrupción que involucra a ciertos oficiales de la policía que en complicidad con personas de su entera confianza contrataron con el Estado por millones de soles. Mientras a diario decenas de policías se infectaban por coronavirus, otros efectivos eran internados por la gravedad de su salud dejando de existir días después. CARETAS informó en esta nota, como la Fiscalía Anticorrupción denunciará a oficiales de la PNP y servidores civiles por compras sobrevalorada
VENTILADORES
Otras de las investigaciones que iniciaron en tiempos de pandemia fue la compra de 35 ventiladores mecánicos valorizados en más de S/. 6 millones de soles. Fueron adquiridos dentro del Plan de Acción en la lucha con el coronavirus para el nuevo Hospital de Ate, y lo más grave del hecho es que se trata de compras sobrevaloradas y los bienes fueron entregados incompletos.
Pese a no cumplir con las características y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de contratación, la empresa TRADEMEDIC S.A.C, según la Segunda Fiscalía Anticorrupción que tiene al frente al fiscal Reynaldo Abia, habría sido favorecida por cuatro funcionarios a cargo de la contratación, supervisión y adquisición los ventiladores.
CARETAS obtuvo en exclusiva parte de la investigación preliminar de este caso, donde habría más funcionarios implicados. Si bien es cierto el presidente Martín Vizcarra solicitó que esta compra quede sin efecto por la sobrevaloración y las irregularidades cometidas en el proceso de adquisición, los equipos no fueron pagados por el Ministerio de Salud (MINSA). El informe periodístico fue realizado por Edgar Mandujano y puede leerlo completo aquí.
CANASTAS, BONOS Y MÁS
El coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público, Omar Tello, informó que hasta la fecha se ha registrado un total de 653 casos vinculados con presuntos actos de corrupción, cometidos durante el estado de emergencia. Un claro ejemplo es el de las comunas de Ate Vitarte, San Martín de Porres y Surquillo (Lima), así como la alcaldía provincial de Sánchez Carrión (La Libertad), que adjudicaron S/1,2 millones a NIISA Corporation, proveedora con una sentencia por corrupción en el 2019 en el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao. Entre el 22 y 27 de abril, NIISA Corporation recibió la buena pro para proveer productos para Canasta Básica Familiar, que serán entregadas por estas alcaldías como parte de la atención de población en situación de vulnerabilidad ante el estado de emergencia por el Covid-19. En esta nota de Carolina Chumpitaz se expone la problemática en la entrega de canastas y bonos, que incluso no llegaron a los más vulnerables.
NEGOCIO INSALUBRE
Sin remordimiento, funcionarios y empleados públicos habrían sustraído mascarillas sustraídas y los ponen a la venta en un catálogo virtual en las redes sociales. Allí se observan los elevados precios y cómo se puede entregar vía delivery en plena emergencia sanitaria. Pero el negocio no solo serían las mascarillas, también entran a tallar los mandiles, los guantes y el gel antibacterial. «Es indignante el negocio de los implementos médicos en Internet”, dice Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, a CARETAS en esta nota periodística.
Fuente Caretas
