La corrupción no se ha detenido ni con el Estado de Emergencia, las muertes y la desesperación que ha generado la COVID-19 en el país. Al contrario, esta desgracia se convirtió en una oportunidad para aquellos que no tienen reparo en beneficiarse con recursos del Estado, obtenidos del bolsillo de todos los peruanos.
Al cumplirse los primeros 100 días de declarado el Estado de Emergencia en el país debido al nuevo coronavirus, los presuntos casos detectados por las fiscalías anticorrupción aumentaron hasta en 700%. La mayoría de estas investigaciones tienen que ver con delitos por aparentes irregularidades en la adquisición y entrega de canastas de víveres, sobrevaloración de equipos médicos y mascarillas, uso indebido de vehículos del Estado, coimas para favorecer a los intervenidos, beneficio con el bono de S/.380 por parte de funcionarios y sus allegados, o posesión indebida de donaciones por parte de alcaldes. Exactamente fueron reportados 869 casos a nivel nacional.
El coordinador de las fiscalías anticorrupción, el fiscal superior Omar Tello, afirma que a pesar de la cuarentena los fiscales no han dejado de trabajar y realizaron 1 700 acciones de prevención ante posibles hechos de corrupción.
¨La corrupción ha aprovechado en esta pandemia las compras, la contratación directa a efectos de poder incrustarse en el aparato estatal con estas nuevas modalidades¨, indica.
Por otro lado, el 8 de junio fiscales intervinieron las comisarías de Cotabambas, Monserrat, Chacarilla y La Molina. Las diligencias formaban parte de la investigación a 21 personas -entre oficiales de la policía y proveedores- involucradas en la sobrevaloración de productos y otras irregularidades por más de 2 millones de soles. ¨En el caso de los policías, esto no solo deja claro la ineficiencia del Estado para poder contratar, sino también hechos que nos permiten indagar porque hay sospechas de corrupción. Son estas compras las que han generado contagios masivos, estamos enviando a nuestras primeras líneas de batallas a que vayan sin defensa y puedan contraer el virus¨ añadió el fiscal Tello.
Otro polémico hecho ocurrió en el Ministerio de Cultura luego de que se conociera el caso de una orden de servicio por talleres motivacionales dirigidos por Richard Cisneros, también conocido como Richard ¨Swing¨. La Ministra de Cultura de ese entonces, Sonia Guillén, no pudo explicar el contrato. Mayor fue el escándalo luego de que Cisneros afirmara haber visitado Palacio de Gobierno y haberse reunido con la Secretaria General, Miriam Morales, mano derecha del presidente Martín Vizcarra. Para la fiscalía estos hechos daban inicio a una investigación preliminar por presuntas irregularidades en las contrataciones al cantante.
¨Poder hablar de apoyo a la Fiscalía y no desembolsar los recursos es letra muerta¨
Durante el 2019 se presentaron 13 444 denuncias por corrupción. Los altos índices del pasado hoy afectan muchísimo a la lucha contra el coronavirus. El fiscal Tello afirma que desde la prevención y persecución del delito la fiscalía lucha contra este delito, sin embargo, hace falta mayor apoyo: ¨El Ministerio Público cumple ambas funciones, sin embargo se requiere el apoyo firme del Ejecutivo para que desembolse los recursos necesarios a fin de que estas denuncias sean investigadas de manera correcta y rápida. Si hay voluntad política de apoyar a la fiscalía eso debe plasmarse en los recursos que nos puedan dar para combatir de manera real y eficiente esta corrupción. Poder hablar de apoyo a la fiscalía y no desembolsar los recursos es letra muerta¨, dijo.
La Procuraduría Anticorrupción presentó 264 denuncias por presuntos actos de corrupción ante el Ministerio Público durante el estado de emergencia hasta el junio de 4 junio. Del total de casos, el 51% se concentra en siete regiones del país: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
Las investigaciones, en su mayoría, están relacionadas a las contrataciones públicas de bienes y servicios, como adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros. Estos presuntos delitos habrían sido cometidos en municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales, áreas policiales, entre otros.
Nelson Shack, Contralor General de la República, afirmó que durante el 2019 la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron grandes pérdidas al país. «El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados, sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema. Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y, solo en el 2019, se estima que esta ascendería a más de 23 000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado». Frente a ello, aseguró que no habrá jerarquías que impidan a la Contraloría ejercer su función: “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”.
Fuente RPP
