El contralor general de la República, Edgar Alarcón, respondió anoche por la aparición de acusaciones en su contra por presuntas compras sospechosas de vehículos de lujo y por el cese de una trabajadora del área de Tesorería de su institución.
“[¿Esto es juego sucio por Chinchero?] Por supuesto que sí. Esta denuncia ingresó en paralelo al Congreso y a la PCM […] Tomo esa parte [de amenazas que se me hicieron], ‘te voy a dar donde más te duele’. Y donde más me duele, en realidad, es en mi vida familiar, personal, se están metiendo con mis hijos. Si Chinchero ha generado todo este problema, como dicen los jóvenes, qué piña, pues. Pero yo voy a seguir con mi trabajo firme en el compromiso que tengo con el país”, dijo en diálogo con el programa de TV “Panorama”.
Walter Grados Aliaga, auditor de la contraloría, halló compras sospechosas realizadas por Edgar Alarcón y sus hijos. Entre el 2002 y el 2015, compraron más de 90 vehículos –entre autos y camionetas– Audi, BMW y Jeep para operaciones de compraventa.
Según la denuncia del auditor, entre el 2013 y el 2015, cuando era vicecontralor de la República, Alarcón adquirió nueve autos por un total de US$182.550.
Asimismo, Grados Aliaga también da cuenta del caso de la ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco. Cuando ella cesó, en el 2010, fue liquidada de manera presuntamente irregular con S/127 mil, y otros S/100 mil bajo concepto de pago de viáticos. Su sueldo era de S/3.350.
“La ex colaboradora, cuando se retira de la contraloría, se retira con su liquidación y beneficios sociales de acuerdo a ley. El único pago adicional que se le da es una compensación que permite nuestro régimen laboral, que son hasta doce sueldos […] En ese año que se retira también se le ha pagado a 36 colabores más. No es un caso excepcional”, dijo.
“[¿Usted lo gestionó?] De ninguna manera. Es un procedimiento que tiene el área de recursos humanos. ‘Si te quieres retirar de manera voluntaria se te da esto’. Se sustentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [del Congreso]. Fue archivado. Qué raro que se vuelva a tomar”, indicó.
En otro momento, habló sobre la reunión que tuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y otra con el ex titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, antes de presentar el informe sobre el contrato y la adenda del aeropuerto de Chinchero.
“[Con Thorne] Fue una reunión que venía solicitando para recursos adicionales para la contraloría, para saneamiento y la reconstrucción. Le mencioné que no quiero que se tome el informe de Chinchero versus la aprobación de un crédito suplementario para la contraloría. [Pero Thorne le dijo que el presidente está preocupado por Chinchero] Sí, comentó eso. [¿Sintió que ‘o se porta bien o no hay plata’?] Sí, lo sentí así”, mencionó Edgar Alarcón.
De otro lado, manifestó que le dijo a Martín Vizcarra que no tome el informe sobre el contrato y la adenda de Chinchero como “una guerra”, porque “es un trabajo técnico que ha realizado la contraloría”.
“El trabajo de la contraloría es técnico. Hay un comentario que dice que no está la sustentación jurídica de la parte penal. Pero eso no va en el informe. Este es todo el documento de los siete involucrados penalmente. Los once son en la vía administrativa. [Se le acusa de trabajar con personas en el Congreso] Hay ese comentario desde que empecé. Por mi trabajo y la labor de fiscalización despacho con todos los congresistas que solicitan entrevistarse conmigo. Yo no tengo ningún compromiso con ningún partido político», mencionó.
De otro lado, destacó que su institución concluyó que el contrato es ilegal porque no siguió la norma de las asociaciones público-privadas.
«No se dice el banco que va a financiar el proyecto. La norma dice que la adenda se firma después de tres años. Es ilegal el documento, la adenda. Regresa a las condiciones anteriores y solicita a Kuntur Wasi que entregue mejores propuestas, dijimos”, destacó Edgar Alarcón.
Fuente El Comercio
