Tras un largo proceso de indagación, la Contraloría General de la República identificó que funcionarios de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Diresa) otorgaron una ampliación injustificada de plazos, conllevando a la inaplicación de penalidades a una empresa proveedora de pruebas rápidas Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria, generando un perjuicio económico al Estado.
La Contraloría advirtió que este manejo, presuntamente irregular en el proceso de contratación directa N° 008-2020-GRA-DIRESA/OEC, generó un perjuicio económico a la institución por S/ 31 499.10 a la entidad regional.
INFORME FINAL. Según el Informe del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 001-2021-2-344, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del sector salud, los funcionarios de la Diresa estipularon mal el plazo de entrega de las pruebas rápidas Covid – 19, contabilizándolo desde la emisión de la contrata y/o orden de compra e inobservando lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado; ya que dicha contratación superó los S/100 000.00.
En el informe final publicado por la Contraloría se detalla que los funcionarios de la entidad regional de salud otorgaron sin mayor análisis ni fundamento técnico legal la ampliación de dicho plazo, y no realizaron el cobro de penalidades al contratista por los nueve días de demora que se tuvo en entregar las pruebas rápidas que en ese entonces eran urgentes para detectar los casos de Covid positivos entre la población.
Como resultado del informe de Servicio de Control Específico, se identificó a cuatro funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa que laboran en el área de abastecimiento y adquisiciones la entidad.
ALERTA. Cabe señalar que, el OCI del Gobierno Regional de Ayacucho, mediante el informe de Visita de Control N° 019-2020-OCI/5335-SVC, advirtió oportunamente que la Diresa recepcionó pruebas rápidas con fechas posteriores al plazo de entrega establecido en el contrato y que no se estaban aplicando las penalidades correspondientes lo que afectaba a la transparencia y legalidad con la que debe regirse las contrataciones públicas, pero la entidad hizo caso omiso a las recomendaciones y no tomó ninguna acción penal ni administrativa.
Los resultados del presente informe fueron remitidos al director regional de salud Ayacucho a fin de que se disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidor públicos de la entidad comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, se espera que desde el Ministerio Público se pueda continuar con las investigaciones a fin de sancionar a los servidores que resulten responsables.
Fuente Diario Correo
