La Contraloría General de la República envió este lunes, para su revisión y aprobación, un proyecto de decreto de urgencia que busca reactivar las obras públicas paralizadas. El documento, que fue dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Presidencia del Consejo de Ministros, recoge –con ciertos ajustes– el proyecto de ley presentado por la contraloría el pasado 7 de marzo al Congreso.
La mencionada propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas (gobierno nacional y regionales) la culminación de obras de infraestructura paralizadas por situaciones imprevistas como controversias, medidas cautelares, abandono, entre otros.
En el documento, la contraloría declara de necesidad urgente la reactivación de proyectos de inversión pública que mejoren la provisión de servicios públicos en salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres.
“Si se pueden reactivar este tipo de obras, me parece estupendo, y es bueno que la contraloría esté mejorando el control concurrente. Eso es bueno porque los funcionarios tendrán más seguridad de que lo que están haciendo no tendrá consecuencias”, explicó Enzo Defilippi, exviceministro de Economía.
El proyecto también contempla medidas que apuntan a fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre ellas, la expansión del modelo de control concurrente y la mejora de la transparencia en el arbitraje y en la regulación de la labor de los supervisores en los contratos de obras públicas.
EL PROCEDIMIENTO
Si la iniciativa logra promulgarse como decreto de urgencia, las entidades públicas (nacionales y regionales) tendrán un plazo máximo de 20 días hábiles para elaborar un inventario y determinar las obras paralizadas que priorizarán.
Para ello, explica Martín Cabrera, gerente de Relaciones Institucionales de la contraloría, los proyectos deberán considerar tres criterios: presentar un avance físico de obra igual o mayor al 60%, no reportar avances en los últimos tres meses o más, y que la obra se encuentre en uno de los sectores declarados como urgente.
Una vez esté listo el inventario, se deberá contratar una consultora para elaborar un informe técnico que determine el costo de la valorización de la obra. Así, detalla Cabrera, se conocerá el saldo pendiente por ejecutar. En base a ello, cada pliego o gobierno regional decidirá si continúa trabajando con el ejecutor que manejaba las obras hasta antes de su paralización o a contratar uno nuevo.
Todo el proceso de destrabe y culminación de los proyectos en cuestión estará acompañado del control concurrente por parte de la contraloría.
CASOS DE CORRUPCIÓN
Algunos de los proyectos paralizados son los vinculados a la constructora Odebrecht. Por ejemplo, las obras de la etapa III de Chavimochic, en La Libertad, han quedado pendientes desde el 2016.
Pese a ello, Cabrera resaltó que el decreto de urgencia no fue concebido especialmente para este tipo de obras, pues “ya hay un marco jurídico especial” que regula el avance de las mismas en casos de corrupción (Ley 30737, que asegura el pago de la reparación civil). Sin embargo, será cada pliego y gobierno regional el que decida si estos proyectos se incluyen entre los priorizados para su destrabe.
Fuente El Comercio
