La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A., Quad/Graphics Perú S.A. y las empresas vinculadas Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. por un presunto acuerdo para repartirse el mercado en los procedimientos de contratación de servicios de impresión de textos escolares del Ministerio de Educación (Minedu).

 El presunto acuerdo de reparto de mercado de servicios de impresión de textos escolares se habría producido entre el 2009 y el 2016, en el que estarían involucrados 11 funcionarios y ex funcionarios de estas empresas, quienes también están siendo investigados.

La evidencia identificada por el Indecopi (documentos, declaraciones, archivos, correos electrónicos e información económica extraída de las propuestas y resultados de los procedimientos de contratación) señalaría que, desde enero del 2009 hasta julio del 2016, las distintas empresas competidoras en el mercado de servicios de impresión habrían realizado acuerdos para repartirse distintos ítems dentro de procedimientos de contratación de servicios de impresión de material educativo (por ejemplo textos escolares de matemática o lenguaje).

Estos acuerdos secretos se habrían mantenido a lo largo de los años mediante reuniones entre representantes de Amauta – El Comercio, Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics, realizadas en hoteles o restaurantes de Lima, previamente a las fechas de presentación de propuestas en determinados procedimientos de contratación convocados por el Ministerio de Educación.

Incluso, en el 2015 y el 2016, los acuerdos se habrían mantenido entre tres de las empresas que formaron un consorcio (Amauta – Metrocolor – Navarrete) y otras dos empresas competidoras (Cimagraf y Quad Graphics).

 El valor del material educativo involucrado en la presunta práctica anticompetitiva habría estado cercano a los 585 millones de soles, correspondientes a diversos ítems de 23 procedimientos de selección del Minedu y uno del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) realizados entre el 2009 y el 2016.

 El Indecopi precisó que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa, de acuerdo con la legislación vigente, en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta conducta anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los investigados.

Fuente El Peruano

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