Amazonas. – La Contraloría General de la República (CGR) detectó que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas otorgaron la buena pro para la adquisición de tres camiones compactadores al postor que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos y que, posteriormente, otorgaron la conformidad y efectuaron el pago pese a que los vehículos presentaban deficiencias técnicas y no cumplían con las especificaciones ofrecidas por el proveedor, lo que afectó su funcionamiento y generó un perjuicio económico a la entidad por más de S/ 90 mil.
El servicio denominado “Adquisición de tres camiones compactadores para el servicio de recojo de residuos sólidos en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas” fue ejecutado con una inversión de S/ 1 647 000. Su objetivo fue fortalecer el servicio de limpieza pública y mejorar las condiciones de salubridad y bienestar de las familias chachapoyanas.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 036-2025-2-0328-AC (periodo de evaluación del 17 agosto de 2023 al 25 de febrero de 2025) se evidenció que los vehículos fueron recepcionados y declarados conformes pese a presentar fallas que impedían su uso normal. Uno de ellos se encontraba en un taller mecánico, y los otros dos permanecían en la cochera municipal sin poder operar. Las unidades presentaban fricción entre la caja compactadora y los neumáticos, lo que requería la instalación de muelles adicionales para su correcto funcionamiento.
Asimismo, se constató que los camiones fueron modificados en su estructura y componentes respecto a lo ofertado en el contrato. Se detectaron diferencias en la longitud del chasis, el tipo de motor y el sistema hidráulico, además de la ausencia de un mecanismo de parada de seguridad, lo que representaba un riesgo para los operarios y reducía la vida útil de los vehículos.
También se verificó que la dirección del área usuaria otorgó la conformidad del servicio a pesar de conocer las deficiencias señaladas en el acta de compromiso suscrita con el proveedor, quien se había comprometido a subsanarlas. Pese a ello, se aprobó el pago total del contrato, sin aplicar la penalidad por mora correspondiente.
Del mismo modo, se evidenció que la entidad calculó una penalidad por solo siete días de retraso, cuando el tiempo real de demora fue mayor, debido a que los vehículos no estaban operativos en la fecha de entrega. Esta situación ocasionó una afectación económica de S/ 90 796.17, además de gastos adicionales por mantenimiento, que debieron ser asumidos por el proveedor durante el periodo de garantía.
En consecuencia, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa funcional en siete servidores municipales.
El informe de auditoría fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales correspondientes, así como al Órgano Instructor de la Contraloría General para el procesamiento administrativo de los funcionarios involucrados. El informe se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control.
Fuente Reina de la Selva
