Tumbes. – La Contraloría General identificó un perjuicio económico superior a S/ 363 mil, tras haberse pagado por trabajos no ejecutados y por incorrectos reajustes en el mejoramiento de tránsito vehicular y peatonal de la avenida Mariscal Castilla, ubicado en el centro de la ciudad de Tumbes. La obra, valorizada en más de S/ 10 millones, estuvo a cargo del Gobierno Regional de Tumbes, durante los años 2018 y 2019.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 27699-2022-CG/GRTB-AC, se aprobaron dos adicionales, tres deductivos y cuatro ampliaciones de plazo (por 79 días), en el mejoramiento de calles y veredas, en los cuales se detectaron menores trabajos ejecutados en catorce de los tramos de la obra, y que no fueron advertidos en los procesos de recepción y liquidación. En ese sentido, tales construcciones fueron aprobadas por la supervisión, subgerencia de obras y gerente regional de infraestructura, para continuar con el desembolso respectivo.
La comisión auditora evidenció que se realizaron pagos en exceso en el contrato principal por S/ 266 mil y en el adicional n° 2 por casi S/ 41 mil. Estos montos corresponden a las calles Miraflores, Hipólito Unanue, Mayor Novoa, Piura, entre otras en la ciudad de Tumbes, sobre las cuales se presentaron trabajos que no correspondían ser pagados, porque ya habían sido incluidos con exceso en tramos anteriores. Al respecto, la comisión recalculó los pagos a cuenta realizados, teniendo en cuenta lo verdaderamente ejecutado, concluyendo que la entidad pagó un exceso en los reajustes por más S/ 56 mil.
Asimismo, el comité de recepción no advirtió los menores trabajos, incumpliendo su función de verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones. Posteriormente, se liquidó la obra, sin incluir descuentos u observaciones, otorgando un saldo a favor del contratista mayor a S/ 174 mil y devolviendo la carta fianza por la garantía. Además, se comprobó que la entidad no implementó mecanismos de control para preservar los expedientes relacionados a la obra y supervisión, existiendo el riesgo de pérdida de información.
Adicionalmente, durante la supervisión de obra, en una ampliación de plazo aprobada de 21 días, el consultor no realizó la prestación del servicio, siendo la entidad quien asignó un inspector para tal periodo, pese a ello, no se emitió pronunciamiento en la liquidación del contrato del supervisor, quedando consentido y generando un potencial perjuicio económico superior a S/21 mil.
Tras las irregularidades encontradas, se detectó 10 funcionarios con presunta responsabilidad civil y/o administrativa derivada del deber incumplido. El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
Fuente Gerencia de Comunicación Corporativa – CGR Tumbes
