Como parte del megaoperativo de control que se inició hoy formalmente en Huaraz, la Contraloría General examinará el manejo de 1,526 millones de soles asignados a 239 entidades del Estado, con ámbito de acción en Áncash, a fin de supervisar el uso de bienes y recursos públicos que han ejecutado y ejecutan autoridades y funcionarios en esta jurisdicción.
“La Contraloría ha implementado esta estrategia de control integral con alcance al 100 % de la administración pública en la región, sus 20 provincias y los municipios distritales que manejan gran cantidad de recursos del canon, como el de San Marcos», afirmó el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública de la Contraloría General, Humberto Ramírez, durante la presentación oficial del megaoperativo.
En el caso del gobierno regional las intervenciones alcanzarán a las direcciones de Educación y Salud, así como las obras de infraestructura, precisó.
Del monto total que será examinado por los auditores y especialistas de la Contraloría, el 67 % corresponde a inversión pública (S/ 1,003 millones), 25 % a recursos humanos y otros (S/ 372 millones) y 8 % a bienes y servicios (S/ 127 millones).
Para esta finalidad se efectuarán 1,002 servicios de control gubernamental en Áncash, de los cuales 342 corresponden a servicios de control posterior, 240 a servicios de control simultáneo y 420 a servicios relacionados en 162 gobiernos locales (municipalidades), 39 entidades del gobierno regional y 38 del Gobierno nacional.
“En esta intervención territorial se van a emitir más informes de control de los que se han emitido en el 2019 y se va a dar cuenta a la ciudadanía de las recomendaciones e irregularidades que puedan ser identificadas y determinadas. Esperamos que con esos informes las autoridades hagan lo que les corresponde respecto a las presuntas responsabilidades de tipo administrativo, civil y/o penal”, sostuvo.
También mencionó que la población se indigna por la sensación de impunidad ante casos de funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional o actos de corrupción y aún así permanecen en sus puestos sin sanción. “Esta situación revela la urgencia de restituir la capacidad sancionadora de la Contraloría”, acotó.
Por su parte, los parlamentarios Otto Guibovich (Acción Popular), María Bartolo (Unión por el Perú) y Jhosep Pérez (Alianza para el Progreso), que asistieron a la sesión de presentación del megaoperativo de control en Áncash, se comprometieron a impulsar desde sus despachos la aprobación del proyecto de ley presentado por la Contraloría, que busca la restitución de su potestad sancionadora reconocida por el Tribunal Constitucional.
En tanto, durante la reunión de presentación de la estrategia de control integral, consejeros regionales y regidores pidieron a la Contraloría intervenir en las unidades de gestión educativa local, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la municipalidad provincial de Huaraz ante presuntas irregularidades.
Para el desarrollo del megaoperativo, la Contraloría ha triplicado la capacidad operativa en Áncash, comprometiendo la participación de más de 346 auditores, con el objetivo de atender las necesidades de control que pide la ciudadanía en la región.
Otras intervenciones
Además de los servicios de control posterior y simultáneo que suman 582, la entidad fiscalizadora realizará 420 servicios relacionados (evaluación de denuncias y recopilación de información), así como 41 actividades de integridad y transversales (de prevención que involucran a la sociedad civil y organizada de la región).
Los resultados del megaoperativo de control en Áncash se presentarán en abril del 2021, con una radiografía sobre la situación y calidad de las obras y servicios públicos en dicha región, una de las más golpeadas por la inconducta funcional y corrupción, y con una larga lista de gobernadores regionales con detenciones y sentencias dictadas durante sus mandatos.
La dimensión e importancia del megaoperativo de control regional también fue expuesto en conversatorios virtuales con más de 300 ciudadanos y representantes de la sociedad civil, gremios, colegios profesionales y otros, así como con los monitores ciudadanos de control.
Fuente Andina
