Funcionarios del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) beneficiaron, sin justificación técnica o legal, a la empresa encargada del mejoramiento y conservación del corredor vial Cañete-Lunahuaná-Yauyos-Chupaca-Huancayo-Pampas (343 kilómetros),reconociéndole un pago de 30 millones 845,034 soles, informó hoy la Contraloría General.
Otras irregularidades detectadas en este mismo proyecto están relacionadas con pagos en exceso o por servicios no ejecutados que generaron, además, un perjuicio económico de 369,012 soles.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento 10348-2020-CG/MPROY-AC (período 30 de abril del 2015 al 31 diciembre del 2019) detalla los hechos en los que están comprendidas 14 personas que laboraron en Provías Nacional entre 2015 y 2019, quienes tendrían responsabilidad civil, penal y administrativa.
En el 2015, Provías convocó a concurso público y suscribió contrato con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) para ejecutar el servicio de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicio del citado corredor (considerado como vía alterna a la carretera Central) por 225 millones 428,188 soles, en un plazo de cinco años.
Del mismo modo, en octubre del 2016, suscribió contrato con el Consorcio Vial Cañete-Huancayo (consorcio supervisor) para la supervisión de dicho servicio, por 17 millones 214,701 soles, en un plazo de 1,886 días calendario.
Sin justificación
En la Auditoría de Cumplimiento se detectó que, sin justificación técnica ni legal, funcionarios de Provías aceptaron el pedido del contratista y aplicaron indebidamente la penalidad por retrasos en la culminación del servicio de mejoramiento, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y las condiciones establecidas en el contrato suscrito.
De esta manera, se evitó que se extinguiera la causal de resolución de contrato, toda vez que en enero del 2019 había alcanzado la penalidad máxima (10 % del monto total contratado) en el rubro Otras Penalidades, por continuos incumplimientos en la ejecución del servicio.
Este hecho ocasionó que el contratista resultara favorecido indebidamente con la continuación de su contrato de servicio, desde febrero hasta julio del 2019, fecha en que Provías decide, finalmente, cancelar la relación contractual bajo los mismos argumentos que se tuvieron en enero del 2019 (haber alcanzado la penalidad máxima en el rubro Otras Penalidades), reconociéndole el periodo de febrero a mayo del 2019 con un pago de 30 millones 845,034 soles.
Ese reconocimiento alcanzó también al consorcio supervisor con un pago de un millón 443,787 soles, por el periodo febrero-junio 2019.
La situación se produjo a pesar de que el contratista prestó un servicio deficiente, con incumplimiento permanente de sus obligaciones, sin que se culminase con el servicio contratado, cuyo término estaba programado para octubre del 2020. Ello afectó al Estado y los usuarios, al no contar con una vía que debía garantizar mejores condiciones de transitabilidad.
Plazo irregular
Asimismo, se identificó que los términos de referencia del concurso público para seleccionar al contratista incluyeron una fórmula polinómica para reajustar la conservación rutinaria que corresponde a una Obra y no a un Servicio, ocasionando un pago en exceso de 141,349 soles en perjuicio del Estado.
Además, se evidenció que funcionarios de Provías otorgaron al consorcio supervisor un plazo adicional excepcional (cinco días hábiles) para subsanar observaciones a las cartas fianza presentadas, plazo que no correspondía y que le sirvió para gestionar y completar las garantías con las que en la fecha límite para suscribir contrato (12 días hábiles luego del otorgamiento de la buena pro) no contaba.
Dichas cartas fianza que presentó vencido el plazo ampliado no cumplían con la vigencia mínima de un año que exige la normativa de contrataciones; sin embargo, se continuó con el proceso de contratación. Este hecho ocasionó que el consorcio supervisor fuera favorecido con el contrato, afectando la transparencia y legalidad con la que se deben de conducirse las contrataciones del Estado.
Inicio de acciones
El informe de auditoría observa también un pago irregular por adelante directo y el reconocimiento indebido de servicios no prestados.
“Los resultados del presente informe se han puesto en conocimiento del director ejecutivo de Provías Nacional para el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados, y a la Procuraduría Publica de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales que correspondan”, indicó la Contraloría.
La empresa ICCGSA interpuso una demanda arbitral ante la resolución del contrato que, por falta de acuerdo entre las partes, se continúa en la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pasando a ser un arbitraje ad hoc.
Fuente Andina
