La Fiscalía Anticorrupción investiga al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión y a sus funcionarios de confianza, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.
Organización criminal
Para la fiscal Karim Ninaquispe Gil, esta organización criminal surgió en la Municipalidad Distrital de La Victoria y luego se desplazó al Gobierno Regional de Lambayeque (GORE), siempre al mando de Anselmo Lozano.
Basándose en el testimonio de un colaborador eficaz, la transcripción de audios y la incautación de sendos documentos en ambas instituciones, la fiscal sostiene que dicha organización criminal se encuentra conformada por 13 funcionarios (ver cuadro) dedicados a direccionar obras a cambio de coimas.
Colusión
Respecto al delito de colusión, la Fiscalía sostiene que los implicados concertaron con cuatro empresarios la entrega de millonarias obras, repartiéndose en total 21 proyectos.
Se trata de Salomón Caján Hernández (Hersaca Contratistas EIRL), quien resultó beneficiado en seis procesos de selección de la Municipalidad de La Victoria, entre los años 2015 y 2016.
En el mismo periodo de tiempo, Walther Padilla Mera (Constructora y Consultora Quetzal) fue favorecido con la adjudicación de ocho obras de la comuna victoriana.
Mientras que Alejandro Criollo Quispe (AC&A Constructora EIRL) obtuvo la buena pro en cuatro procesos de selección, entre los años 2017 y 2018, del municipio de La Victoria.
Esta misma compañía resultó beneficiada con la adjudicación de tres obras del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) en el año 2019, cuando Lozano ya había ganado las elecciones y ejercía el cargo de gobernador, acompañado de los mismos funcionarios que designó La Victoria
Esto fue el detonante que permitió descubrir la supuesta red criminal que se había mudado al GORE, pues AC&A Constructora EIRL fue contratada a pesar de haber presentado líneas de crédito falsas en los procesos de selección.
El exjefe de la Oficina de Administración (antes gerente de la Unidad de Contabilidad de la MDLV) fue quien firmó los tres contratos con AC&A, motivo por el cual, su función es cuestionada por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, quien dictó la orden de detención preliminar.
“Debió realizar acciones tendientes a corroborar o descartar la autenticidad de tales líneas de crédito y además que tales contratos se iban a ejecutar casi simultáneamente, esencialmente por la misma empresa AC&A Constructora EIRL. Podía fácilmente caer en la cuenta que tales documentos eran falsos, sin embargo no realizó acción alguna para proteger el bien jurídico tutelado, por lo que existen razones plausibles para concluir que procedió, cumpliendo el rol que le incumbía en la presunta organización criminal”, resolvió el juez.
Cohecho
Para acreditar el delito de cohecho pasivo propio, la Fiscalía tiene el detalle de cuántas coimas habrían recibido Anselmo Lozano y sus funcionarios por parte de los empresarios arriba citados, tras ser contratados para la ejecución de obras (ver cuadro).
Uno de los miembros de esta red criminal es quien habría decidido colaborar con la investigación y ha revelado con sorprendente memoria dónde recibían el diezmo y cómo se lo repartían (en los últimos cinco años).
Para citar un caso, de todas las prebendas económicas que habrían recibido, la más elevada (según lo señalado por el colaborador eficaz) es de 120,000 soles, por parte del empresario Salomón Caján Aguinaga (Hersaca Contratistas EIRL).
“La suma de S/ 60 000, habrían sido para el alcalde Anselmo Lozano, y S/ 60 000 se habrían repartido los miembros del comité (Harry Gonzales Solano, Wilfredo Castro Carmona y Dick Carlo Silva Ravines), a cada uno le habría tocado un promedio de 20 mil soles”, reveló el colaborador.
Precisó que dicha coima se entregó en tres partes de 40,000 soles, luego que el municipio de La Victoria desembolsara las tres valorizaciones al consorcio ejecutor de la obra.
“En la primera valorización, Salomón Caján habrían entrefado a Dick Silva la suma de 40,000 soles, en la misma obra, en el interior de su camioneta. De tal suma, Silva habría entregado 20,000 al alcalde Anselmo Lozano en el interior de su despacho, en días distintos, 10,000 soles en cada oportunidad”, sostiene la Fiscalía.
Tráfico de influencias
El 8 de febrero de 2019, apenas cinco semanas después de haber tomado las riendas del Gobierno Regional de Lambayeque, Lozano contrató como consultor a Marco Antonio Tarrillo Bustamante, vinculado al empresario Alejandro Criollo Quispe (AC&A Constructora EIRL)
Según la Fiscalía, esta designación se habría dado a raíz de que William Sime Castro traficó influencias con su madre Rita Castro Grosso, entonces gerente regional, y ella a su vez, haría convencido a Lozano Saavedra.
Concretado su ingreso al GORE como asesor en el área de Contrataciones, Marco Tarrillo habría promovido procesos de licitación a favor de Alejandro Criollo (AC&A Constructores EIRL) quien propició la caída de la red criminal al presentar líneas de crédito falsas.
Fuente Diario Correo
