El sistema público peruano atraviesa una de sus peores crisis institucionales en décadas. La corrupción, la ineficiencia y el desgobierno no son hechos aislados, sino síntomas de un mal estructural profundamente enraizado en todos los niveles del Estado.
Así lo confirma el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, elaborado por la Contraloría General de la República, que evaluó a 2,928 entidades públicas del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y empresas estatales.
El resultado es devastador: el 99% de las entidades públicas evaluadas presentan al menos un indicador de riesgo, ya sea por actos de corrupción o por disfunciones administrativas graves. De ellas, 321 instituciones se encuentran en nivel de riesgo “muy alto”, y solo 25 califican en el nivel “bajo”.
¿Qué mide el INCO?
El INCO es una herramienta técnica que identifica señales objetivas de riesgo institucional. Evalúa dos dimensiones clave: Inconducta funcional: negligencia, desidia administrativa, procesos abandonados. Y corrupción: abuso de funciones, beneficios indebidos, daño al erario público.
Estas dimensiones se analizan a través de 7 variables y 24 indicadores, entre los que destacan: sanciones a servidores, contrataciones sin competencia, procesos administrativos no resueltos, designación de funcionarios sin perfil, proveedores inhabilitados, obras públicas paralizadas, ausencia o debilidad del control interno.
Fuente Diario Expreso
