Los peruanos, de acuerdo con las encuestas efectuadas durante la década, coinciden en que la corrupción –pública y privada– es el principal problema del país. Conozca algunos mecanismos institucionales anticorrupción que se habilitarán en breve.

“Al comienzo, no vi la enfermedad completa, vi solo una señal”, dice la voz en off del policía federal Marco Ruffo (el actor Selton Mello), en El mecanismo, la serie de la plataforma Netflix inspirada en la Operación Lava-Jato, que descubrió la red de lavado de activos más grande que ha conocido Brasil e involucró a las petroleras, las constructoras y políticos connotados del gigante sudamericano.

Corrupción, acto que al desenmascararse estremece al hemisferio. Cuestiona al modelo político y económico. El Perú no es la excepción: las encuestas nacionales sobre la corrupción en el 2010, 2012, 2013, 2015 y 2017, elaboradas por IPSOS Perú, revelaban que entre el 44% y 52% de la población la percibe sistemáticamente como el principal problema del país, superando a la delincuencia.

Porcentajes que coinciden con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), de noviembre 2016-abril 2017, que arrojó que para el 48.1% de los peruanos mayores de 18 años es el principal problema que nos afecta, dejando en segundo lugar a la delincuencia (44.5%).

Un término complejo

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 define al fenómeno como “uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona”.

“Las encuestas de percepción hay que tomarlas con pinzas porque tenemos distintos conceptos de corrupción”, recuerda la abogada Susana Silva Hasembank (*), coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción, quien participó en la IV Especialización Ejecutiva para Periodistas: Innovación y nuevas tendencias digitales, de la UPC y el grupo Scotiabank.

Por ejemplo, mientras que legalmente se considera corrupción a los actos contra la administración pública, que van desde concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado, malversación, corrupción de funcionarios, negociación incompatible, etcétera, también se llama corrupción a las infracciones administrativas (utilización de bienes de una entidad en beneficio propio, influir en otros servidores para obtener beneficios propios o de terceros, entre otros). Y los ciudadanos denominan corrupción también a cualquier situación de irregularidad, como demora en la administración pública, la ineficiencia, la falta de transparencia…

Esta diversidad se puede traducir en el ranking CAD 2013, que entrevistó a 25,000 personas: si bien el 68% consideraba que la entidad en la que acababa de atenderse no era honesta, a la pregunta de si le solicitaron una coima, solo el 4% dijo que “sí”. Percepciones. Complejidades.

Y una investigación de Gustavo Yamada y Ricardo Montero, Corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú (2011), demuestra que los hogares peruanos más pobres destinan el 5.11% de sus gastos familiares al pago de coimas para poder acceder a diversos servicios.

A ello se suma que en las instituciones públicas (ministerios, Policía, municipalidades) la corrupción se presenta de diferente manera: cohecho, colusión, peculado. Entonces, un deber es identificar estos “riesgos” en cada una. Mas Silva Hasembank hace hincapié en la matriz del problema: el 65% de los peruanos tiene “tolerancia media” a la corrupción, según la X Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Proética e Ipsos. Peligroso.

El reino de lo debido

La vocera de la CAN Corrupción sostiene que hay vacíos donde se mueve la corrupción. Por ejemplo, en Chile y Estados Unidos los funcionarios tienen manuales que detallan desde qué regalos y por qué montó pueden recibirlos hasta cuál es el uso debido de un vehículo asignado. En el Perú, en cambio, no existe un documento así. Por ello, sostiene que los códigos de ética de las entidades deben adoptar ese nivel de detalle y claridad sobre “lo debido”.

Es necesario transparentar más la información. Para la funcionaria, otra medida que urge en el Perú es elaborar un plan nacional de infraestructura porque “la gestión pública debe estar basada en la planificación”. Solo con las prioridades en el corto, mediano y largo plazo del país se evitaría la “presión política” para el desarrollo de obras que ejercen los congresistas, pues no es su función.

¿Quién me visita?

Recuerda que como una medida de gobierno abierto y con el fin de transparentar las gestiones de intereses o lobbies se ha implementado en las entidades del Estado el Registro de Visitas en Línea, un mecanismo que se ubica en la zona de Transparencia de los portales institucionales y que “previene y contribuye a la detección de posibles actos de corrupción en toma de decisiones de funcionarios”. Se registran y difunden en tiempo real las visitas realizadas a empleados públicos.

Este mecanismo ya ha permitido a la prensa desarrollar investigaciones y Silva Hasembank promoverá en su nueva gestión que se mantenga actualizado este registro en todas las entidades y se amplíe a los gobiernos regionales.

Adelantó que en breve saldrá el nuevo Plan Nacional Anticorrupción e incluirá uno de los temas que la sociedad pide al Estado: el financiamiento público de campañas electorales.

Indicó también la urgencia de mejorar técnicamente a la Autoridad Nacional de Transparencia –que tiene un poco más de un año–, pero carece de la autonomía necesaria para cumplir cabalmente su función.

En el sector privado

La corrupción no es exclusiva del sector público. En la Primera Encuesta Nacional ‘Lucha contra la corrupción desde el sector privado’, elaborada por Ipsos y la CAN Anticorrupción entre dueños de las firmas más grandes del país, se mostró que el 2013 los empresarios consideraban que Construcción (62%) y Energía, petróleo y gas (43%) eran los rubros en los que había mayor corrupción. Y, por su tamaño, sostenían que en la gran empresa (41%) existía más corrupción. Los empresarios revelaban que destinaban el 5.8% de sus porcentajes de egresos a actos de corrupción.

En el 2017, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) elaboró una iniciativa legislativa que ha sido canalizada por el congresista Héctor Becerril y aguarda salir a luz para que se sancionen los actos de corrupción que hay entre privados. Por lo menos, se espera que el mecanismo funcione en los casos ligados con servicios y obras públicas. Este mecanismo se aplica en Argentina y Colombia.

Silva Hasembank adelanta que entre los mecanismos que en breve saldrán habrá un “mapa” para saber quiénes son los dueños de las empresas que licitan, que se protegen en “medidas cautelares”, pues el Perú es uno de los países con índices más bajos de postores en las licitaciones porque los empresarios honrados sienten que todo está arreglado. Parafraseando al César Vallejo de “Los nueve monstruos”: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

Fuente El Peruano

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