Uno de los primeros lineamientos de política económica del nuevo ministro de Economía, David Tuesta, pasa por buscar eficiencias en el gasto público, en un contexto en que se requiere asegurar la consolidación fiscal. Para ello, anunció que se ha identificado un potencial de ahorro por S/2.000 millones, recortando desembolsos en rubros como consultorías, contrataciones y “gastos superfluos”.

¿Cuán factible es alcanzar esa cifra? A manera de referencia, en Chile la semana pasada hubo anuncios similares. El ministro de Hacienda del país vecino, Felipe Larraín, lanzó un plan de austeridad que busca ahorrar US$122 millones anuales hasta el 2022; es decir, casi US$500 millones durante los cuatro años del segundo mandato de Sebastián Piñera.

Los recortes se darían en los rubros de publicidad, representación, contratación por honorarios, alquileres, compra de vehículos y viajes. La cifra, aunque importante, es menor que los US$800 millones que se ahorraron en total durante su primer gobierno.

Siendo Chile un país con un Estado más grande que el peruano, se estima ahorrar el equivalente a S/390 millones anuales. ¿De dónde se podría cortar en el Perú?

Según datos del MEF, para este año hay un presupuesto ligeramente superior a los S/30.000 millones para la compra de servicios. De esos recursos, hay S/10.380 millones para la contratación de servicios profesionales y técnicos, en los cuales casi S/1.400 millones corresponden a consultorías y asesorías, y unos S/900 millones de ellos caen en categorías presupuestales que no resultan en productos finales.

Los gastos en consultorías y asesorías han crecido 19% en los últimos dos años. Dentro de esta cuenta, según el portal del MEF, existe una subcuenta llamada “Otros servicios similares”, en que se precisa que no son asesorías, consultorías, estudios, investigaciones o auditorías. El gasto en esta subcuenta ha crecido en 53% desde el 2015.

Muchos gastos dentro de los diversos servicios que contrata el Estado han tenido crecimientos del orden de dos dígitos en el último año, a pesar de los ajustes que se hicieron en los primeros meses de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

GRASA Y MÚSCULO

El análisis de separar los gastos potencialmente innecesarios requiere un análisis fino, no pasa simplemente por eliminar partes del gasto, explica Carlos Oliva, director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. “Ha habido muchos intentos de eliminar gastos innecesarios o poco útiles, pero no es tan fácil como volarse un rubro”, apunta.

Oliva, quien fuera viceministro de Hacienda, explica que las entidades públicas a veces utilizan las órdenes de servicios para contratar personal, lo que ‘infla’ las cifras de servicios. Esto se hace para evitar un concurso público o lanzar una convocatoria de contrato administrativo de servicios (CAS), procesos que toman más tiempo.

En el Gobierno creen que, hasta cierto punto, se ha abusado de las órdenes de servicio, porque las instituciones están prohibidas de contratar, salvo que se trate de carrera pública.

“Hay que ver cuánto de eso entra por mayor necesidad de ejecutar labores y cuánto es esquivar burocracia”, comenta Juan Carlos Odar, director ejecutivo de Phase Consultores.

La necesidad de hilar fino para identificar gastos verdaderamente innecesarios debiera llevar al uso de algunas herramientas más sofisticadas para eliminar esa grasa.

Entre los expertos consultados por El Comercio, hubo consenso alrededor de la importancia de ampliar la idea de presupuesto por resultados en el funcionamiento del Estado.

“Se pueden identificar gastos que no estén asignados a una meta en particular”, afirma Oliva.

En tanto, Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, considera que el país necesita cada vez más presupuesto por resultados y una medición del costo de toda la cadena de valor para dar bienes y servicios públicos a los ciudadanos, tal cual sucede en las empresas privadas.

Oliva apunta que el Gobierno podría ahorrar dinero expandiendo el enfoque de hacer compras corporativas. Por ejemplo, indica que el Estado podría comprar seguros o viajes (entre los cuales suman un presupuesto de S/1.900 millones este año) buscando convenios o lanzando grandes licitaciones.

Finalmente, Odar también se mostró a favor de un mayor empuje al presupuesto por resultados, considerando que la ‘grasa’ no solo está en el gasto corriente, sino también en la inversión pública.

“Tienes que ver la calidad del producto que llega a la población. No se puede decir gasto corriente malo, gasto de capital bueno”, concluye Oliva.

Fuente El Comercio

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