Durante el año 2022, la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56% (S/ 13 721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con el 44% (S/ 10 696 millones).
Así lo revela el resultado de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado para este año por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República.
El contralor general Nelson Shack, indicó que, si reflexionamos sobre sus efectos, con esos recursos públicos perdidos por la corrupción (más de 24 mil millones de soles), se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas.
Esta estimación se realiza por cuarto año consecutivo y la finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país. Asimismo, priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación.
La estimación de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia entre del año 2022 respecto al año 2021 fue ligeramente menor pasando de 13.6% a 13.4%, sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor: en el 2021 fue de S/ 24 262 elevándose el 2022 a S/ 24 419.
En tanto, la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, también en el rubro de Inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8% (S/ 7 945 millones), seguido por Bienes y Servicios con 12.8% (S/ 6 523 millones) y Otros con 11.9% (S/ 9 950 millones).
Un ejemplo es el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro. Otro ejemplo, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio.
En relación al año 2021 hubo una leve caída en el monto de corrupción correspondiente al gobierno nacional (de S/ 11 057 millones a S/ 10 696 millones). No obstante, se observó incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos de personal y otros, relacionado principalmente a problemas en el nombramiento de personal y aprobación de beneficios laborales al margen de la Ley.
Incidencia y Ranking
De acuerdo a la estimación realizada por la subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, la incidencia de perjuicio económico a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno, es de 13.4% del presupuesto público.
Los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel Alto, son: Moquegua (24.0%), La Libertad (20.2%), Apurímac (18.5%), Huancavelica (18.2%), Áncash (17.5%), Arequipa (17.4%), Cusco (16.5%) y Lambayeque (15.8%).
El estudio también presenta el ranking absoluto del perjuicio económico por territorio y que en este caso está encabezado por las regiones de Cusco (S/ 1 601 millones), Áncash (S/ 1 381 millones), Piura (S/ 1 337 millones), La Libertad (S/ 1 324 millones), Arequipa (S/ 1 176 millones) y Cajamarca (S/ 1 042 millones). En Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de entidades públicas del país, las pérdidas se elevan a los S/ 7 648 millones.
Las entidades que se ubican como las 10 primeras en el ranking de perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional son el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares); Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis); Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); Corte Superior de Justicia de Lima; Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied); Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe); Instituto Nacional Penitenciario (Inpe); Gerencia General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Fuente Andina
