La aprobación del acuerdo municipal N.° 004-2021 realizada por la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, ha sido cuestionada por algunos regidores.
Controversia
En dicho documento, aprobado el pasado 22 de enero, la comuna chiclayana dispuso la declaratoria en situación de emergencia para el recojo de residuos sólidos por el plazo de dure el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.
Este acuerdo autoriza también de manera excepcional al burgomaestre chiclayano realizar convenios interinstitucionales con las diferentes entidades del Estado para mitigar la acumulación de residuos sólidos.
Al respecto, el regidor Jony Piana Ramírez mencionó que el último acuerdo aprobado no ha tenido fundamento técnico que justifique la insuficiencia de maquinaria operativa y la falta de personal para el recojo de desperdicios.
Por ejemplo, según el concejal, no se identifica cual es el hecho o situación extraordinaria e imprevisible que determine “la situación de emergencia” para recoger las más de 200 toneladas de basura que se generan cada día, solo en el distrito.
“No se han presentado argumentos esenciales para justificar una situación de emergencia. Esperamos que este acuerdo no sirva para realizar procesos no permitidos por ley”, mencionó.
Dicho documento municipal se basa en informes de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Subgerencia de Residuos Sólidos de la MPCh. Allí ambos despachos piden al burgomaestre recurrir a la declaratoria en situación de emergencia por la falta de maquinaria operativa y la limitación de recurso humano.
Para el regidor Percy Espinoza Gonzales se ha hecho uso mal uso del tecnicismo de la declaratoria en situación de emergencia para el recojo de residuos sólidos porque no corresponde para la firma de convenios.
Además, Espinoza precisó que el término de declaratoria de emergencia es usado explícitamente en la Ley de Contrataciones y se enmarca para las contrataciones directas.
“Este término es más adecuado para otras instancias administrativas o procesos de contratación. Es innecesaria la situación de emergencia para firmar convenios. Y claro no existe una justificación técnica que demuestre la inoperativa de maquinaria”, sostuvo.
Piana y Espinoza esperan que se evite una posible contratación directa para solucionar la falta de compactadoras porque se incurría en varias irregularidades y una posible denuncia. Esto último en referencia la cuestionada contratación de la empresa Veolia Servicios para el alquiler de maquinaria.
En febrero de 2019, la gestión de Gasco Arrobas aprobó la declaratoria de desabastecimiento inminente del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, y luego de ello, se dispuso el alquiler de diez compactadoras por un plazo de 90 días. Actualmente este caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por graves irregularidades.
Fuente La República
