El Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la denuncia penal en contra del gobernador regional Edwin Licona, su exjefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad, Germán Mendoza Morales, y los que resulten responsables.

Antes de formalizar la acusación, la fiscal a cargo del caso, Gladys Aparicio Aragón, “recalificó” los delitos que se le atribuyen a la autoridad regional y archivó otros. Cuando se hizo la denuncia el 4 de marzo de 2016, se atribuyó al gobernador Licona y sus funcionarios los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso agravado.

La fiscal Aparicio decidió que el peculado debe ser recalificado como colusión simple y alternativamente como negociación incompatible; mientras que la colusión agravada debe pasar a colusión simple porque la gestión de Licona no “desembolsó efectivo del dinero del Estado”. La fiscal Aparicio llegó a esa conclusión después de más de dos años y medio de pesquisas.

HECHOS INVESTIGADOS

La investigación se hizo en marzo de 2016. Se descubrió que casi a la medianoche del 31 de diciembre de 2015, la gestión de Licona adjudicó a dedo 19 obras de descolmatación de ríos por 11 millones 399 mil 362 soles a empresas y personas naturales sin experiencia ni solvencia económica para hacer los trabajos.

OCI detectó supuesto direccionamiento y sobrevaluación. A raíz de ese informe, se anularon las 19 obras adjudicadas cuando ya se habían aprobado las órdenes de compra, girado sus facturas y aprobado los devengados para que las empresas y personas cobren el dinero. Solo no se hizo el giro respectivo.

Tres delitos archivados

La fiscal Gladys Aparicio decidió archivar la denuncia en tres extremos referidos a la supuesta adquisición irregular de combustible por S/ 1 647 663 (colusión), el uso de dinero de emergencias para pagar pasajes aéreos, almuerzos, cenas y útiles de escritorio por S/ 59 882 (malversación) y por haber delegado la elaboración de los “expedientillos” a personas ajenas a la Región (nombramiento y aceptación ilegal de cargo).

Fuente La República

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