Ha pasado poco más de 3 meses desde que la Fiscalía decidió incluir al presidente Pedro Castillo en la investigación preliminar contra la presunta organización criminal que operaba dentro del Ministerio de Transportes (MTC). Desde entonces, han surgido nuevos indicios que refuerzan la tesis fiscal de que el jefe de Estado lideraría dicha organización ilícita vinculada a la irregular licitación de obras públicas.

Según una investigación del diario El Comercio publicada hoy, el Decreto de Urgencia 102-2021, promulgado por el presidente el 29 de octubre del año pasado y que autorizó la financiación de obras públicas investigadas actualmente por la Fiscalía, se sustentó en, al menos, 20 documentos elaborados por distintas áreas del Ministerio de Vivienda (MVCS) en una sola jornada de 12 horas.

Jornada exprés

La referida investigación señala que, desde las 7:49am. hasta las 8:02pm. del 22 de octubre del 2021, cinco áreas distintas del MVCS trabajaron coordinadamente en la elaboración de, al menos, 20 informes y memorándums suscritos por una cantidad equivalente de funcionarios públicos, algunos de los cuales, además, vienen siendo investigados por la Fiscalía por diversos casos.

Las cinco áreas del MVCS que trabajaron en dicha jornada fueron: el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Al día siguiente de la jornada, siempre según El Comercio, ya con los documentos listos, el entonces secretario general del MVCS, Francisco Whittembury, envió un oficio al Ministerio de Economía (MEF) formalizando la propuesta de la norma y adjuntando la sustentación técnica y legal que posibilitó el desembolso de S/520 millones para 133 proyectos, entre ellos las obras de Anguía bajo investigación fiscal.

Vale decir que, esos días, el titular de Vivienda era Geiner Alvarado, actualmente titular del MTC e investigado por el Ministerio Público por presuntamente ser parte de la organización criminal que lideraría el jefe de Estado.

Funcionarios investigados por la Fiscalía

Según la investigación periodística, algunos de los funcionarios que suscribieron los documentos en la referida jornada exprés están involucrados en casos investigados por la Fiscalía. Tal es el caso de Norberth Bustamante Mondragón, entonces director ejecutivo del PNSU en cuya oficina se expidieron, por lo menos, 8 documentos sobre aspectos de presupuesto, legales y administrativos relacionados al decreto de urgencia en mención.

El 1 de diciembre del año pasado, Bustamante fue intervenido por la Fiscalía, junto a otros funcionarios, durante un megaoperativo por el caso de la red criminal Los Gestores que motivó el allanamiento de las sedes de Vivienda y el MEF. Este caso está relacionado a un presunto cobro del 5% del monto destinado al financiamiento de obras a alcaldes y gobernadores regionales. Además, Bustamante es investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en un caso que data del 2018.

El último 4 de diciembre, Norberth Bustamante Mondragón fue removido de su cargo al interior del MVCS.

Otro funcionario investigado por el Ministerio Público es José Kobashikawa que, entre agosto del 2021 y marzo de este año, se desempeñaba como director ejecutivo del PNSR y continúa en el MVCS como titular del PNSU. Kobashikawa, según El Comercio, tiene dos investigaciones abiertas: una de este año, en Lima, por negociación incompatible y concusión; y la otra, en Loreto, por un caso de corrupción iniciado en 2020.

Por su parte, Fernando Alarcón Díaz, quien en la referida jornada se desempeñaba como director general de Asesoría Jurídica de Vivienda y, como tal, envió su opinión legal a la secretaria general del MVCS considerando “viable” el proyecto, actualmente es investigado por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima por casos del 2018 y 2020 referidos a negociación incompatible, colusión y defraudación patrimonial al Estado. Además, estuvo investigado por la Fiscalía desde el 2015 por un caso de corrupción en Ucayali.

Por otro lado, Jackeline Castañeda, quien era directora general de Planeamiento y Presupuesto del MVCS, emitió “opinión favorable” al proyecto. Ella fue una de las funcionarias que participaron en una reunión irregular en la casa de Surquillo donde la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, fue conducida para dar una exposición técnica a los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, y al alcalde de Anguía, José Medina.

Castañeda fue asesora del ministro Geiner Alvarado hasta el 4 de octubre del año pasado.

Fuente RPP

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