Desde hace tiempo se viene criticando la frondosa contratación de consultorías desde el Estado, sea a profesionales individuales como también a empresas y otras entidades, tanto peruanas como extranjeras. Lo cierto es que, para hacer las contrataciones en cuestión, se requiere que estén previstas en el Presupuesto General de la República que propone el Poder Ejecutivo y luego de la correspondiente evaluación el Congreso aprueba, usualmente con modificaciones, Parlamento que, si bien no tiene iniciativa de gasto, si debate el tema e incluso debería fiscalizarlo, que es una de las funciones del Poder Legislativo, que se suma a la legislativa y a la de representación.
Según el importe o costo dinerario de las consultorías, puede haber contratación directa como también previo concurso, pero lo principal es que realmente sean necesarias, de lo cual hay muchas dudas, pues se teme que parte o muchas de ellas sean para pagar favores o para facilitar cobro de “comisiones” que como sabemos es grave delito.
Es rutinario que a diario se lean en el diario oficial “El Peruano” y en otros diarios nacionales o locales, los famosos avisos convocando a concursos de consultorías, invitaciones para presentar expresiones de interés, preparación de bases para licitaciones, elaboración de expedientes técnicos, selección de propuestas y muchas otras materias.
En innumerables oportunidades y antes de las convocatorias, se han celebrado contratos financieros, recurriéndose a la banca internacional y a las entidades financieras supranacionales, las cuales otorgan préstamos al Perú, amarrados a veces a que se hagan las convocatorias.
Los objetivos de las consultorías tienen la más amplísima diversidad, así leemos que pueden ser para la contratación de técnicos y especialistas, preparación de expedientes electrónicos, información sobre sanidad agraria, para mejoramiento paisajístico de Ayacucho, mejoramiento de espacios turísticos, servicios de soporte informático, formación de agentes productivos, estrategia de gobernanza para clústers acuícolas, especificaciones para equipos de muestreo de aguas residuales, y cuanto otros objetivos a la mente humana ilimitadamente se le puede ocurrir.
Como vemos no hay límites en las motivaciones de contratación de consultorías. Si bien entendemos que, para algunas materias muy específicas y técnicas, se requiera de consultorías, para asuntos habituales no comprendemos para que tales contrataciones, si es que tenemos funcionarios públicos en número de seis o siete cifras y se supone que, si han sido contratados por las dependencias del Estado, conocen los temas objeto de sus competencias.
No tiene lógica alguna que si existiesen funcionarios capacitados tenga que recurrirse a la contratación de consultorías externas y costosas, cuando muy bien podrían utilizarse a universidades peruanas, que hoy están obligadas a efectuar investigación, o a entidades especializadas del Estado, aunque estén adscritas a otros ministerios o a organismos estatales autónomos.
Algo adicional, si las convocatorias se publican en el diario oficial y se cuelgan en los portales de los entes convocantes y en OSCE, no hay motivo para que se contrate avisaje adicional, salvo que con ello se paguen silencios o benévolas presencias. Es hora que se legisle sobre el particular, puesto que al Estado tampoco le sobra la plata.
Fuente Exitosa
