Imagine, estimado lector, al Congreso de la República aprobando una ley que prohíba los colaboradores eficaces. O que les quite la inmunidad que les correspondería por confesar todos sus crímenes y delatar a todos sus cómplices.

En otras palabras, figúrese a la fiscalía cerrando la reja a los Jorge Barata, Toñito Camayo y Jorge Cuba, pero dejando escapar a los ‘hermanitos’ y peces gordos del Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con algunas imperfecciones que la hacen todavía lenta, la figura de la colaboración eficaz es la mejor herramienta con la que cuenta el Ministerio Público para investigar la corrupción, el lavado de activos y a organizaciones criminales.

Pues bien, en nuestro país hay un ejemplo adicional de que la colaboración eficaz funciona. Se llama programa de clemencia (leniency en inglés) y es aplicada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Este órgano investiga los cárteles empresariales, es decir, a las empresas que se han coludido para dejar de competir y acordar los precios de sus productos, segmentarse los clientes, repartirse los concursos públicos que convocan las entidades, etc.

Como es difícil ubicar las pruebas de estos acuerdos ilícitos (que normalmente no constan en un acta ni video), la Secretaría Técnica permite un trueque. Si uno de los infractores aporta pruebas para encontrar el cártel y responsabilizar a sus secuaces, se le puede exonerar de la multa que le correspondería. Se produce, así, una carrera por ‘traicionar’ a sus compinches. Solo el primero obtiene la exoneración. Los que llegan después podrían lograr una reducción de la multa, solo si aportan algo nuevo y oportuno a la investigación.

Gracias al programa de clemencia, el Indecopi logró desactivar y sancionar el cártel del papel higiénico. Fue por el leniency que la Fiscalía Nacional Económica de Chile descubrió el cártel de las cadenas de farmacias (que luego también se investigó y sancionó en el Perú). Debido al acuerdo de clemencia firmado en Brasil con Andrade Gutiérrez, el CADE (el Indecopi brasileño) pudo detectar y castigar al cártel de la construcción en paralelo a la operación Lava Jato.

Así, en el Perú se ha pasado de un caso y un pedido de clemencia entre el 2008 y el 2012, a 14 solicitudes entre el 2013 y el 2018; de 7 cárteles sancionados a 20, de S/31 millones en multas a S/228 millones. Los avances están a la luz del que quiera verlos. Y en los últimos meses, la Secretaría Técnica ha puesto la lupa en los cárteles que se pueden presentar en las contrataciones del Estado, un esfuerzo en el que he tenido oportunidad de participar.

Insólitamente, sin embargo, existen en el Congreso dos proyectos de ley presentados por los legisladores Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular) y –cómo no– Yonhy Lescano (Acción Popular) que buscan restarle eficacia al programa de clemencia, reduciendo la potestad del Indecopi para negociar con las empresas y exonerar a la primera que confiese y aporte pruebas del cártel. Peor aún, el congresista Gonzales alega con base en mentiras que países como Brasil, España y Panamá no tienen exoneraciones de multas (sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, 9/10/2018).

Sorprende que el legislador no haya reparado en la falsedad de su afirmación (España, Brasil y Panamá sí contemplan la inmunidad completa para el primer solicitante de clemencia), o ¿será acaso que hay algún interés subrepticio en que la clemencia no funcione y no se delaten a más empresas infractoras?

Esperemos que no sea así y que, más bien, podamos aplicar el adagio de Hanlon y no atribuir a la maldad aquello que puede ser explicado por la estupidez.

Fuente El Comercio

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