Una norma promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el fin de dinamizar las inversiones contiene además varios artículos que, en opinión de legisladores de la Comisión de Constitución del Congreso, apuntan claramente a blindar futuros actos de corrupción.
Se trata del Decreto Legislativo 1251, publicado en El Peruano el 30 de noviembre de 2016, en el marco de las facultades legislativas. Esta norma aún no pasó por el filtro de control de la Comisión de Constitución.
Póliza de corrupción
Uno de los artículos más polémicos es el 38-A, que permite al Estado pagar un seguro de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, en favor de los funcionarios que tomen decisiones en temas de proyectos de inversión.
Textualmente, el artículo señala: “Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad responsable de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión (…)”.
En opinión de los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Yonhy Lescano (Acción Popular), este decreto es un claro blindaje para los actos de corrupción.
“El Estado va a pagar incluso situaciones en las que se ha actuado con dolo”, lamentó el congresista Lescano, en diálogo con La República.
Por otro lado, el decreto establece que los informes previos de la Contraloría, sobre los contratos de Asociación Público Privada, no serán vinculantes. Lo mismo ocurre con los organismos reguladores, cuyos informes tampoco tienen carácter vinculante.
“Flexibilizan los mecanismos de control para hacer lo que les da la gana. Eso pasó con el contrato para el aeropuerto de Chinchero y por eso la presidenta de Ositran ha renunciado”, insistió Lescano.
Explicaciones
Al respecto, en un comunicado remitido a nuestra redacción, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que “si un funcionario no cuenta con ahorros significativos, un proceso judicial largo puede colocarlo en una situación de vulnerabilidad. Esto está desincentivando que los funcionarios adopten decisiones o, incluso, que postulen a los cargos”.
El comunicado agrega que si el funcionario es declarado culpable, el costo del proceso será asumido por este; sin embargo, el decreto legislativo no hace esta precisión.
Fuente La República
