El sindicato de trabajadores del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) denunció presuntas irregularidades en la designación de funcionarios del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Según la organización, entre mayo y agosto de 2026 fueron nombrados cuatro directores y seis subdirectores de Operaciones Registrales, lo que generó una alta rotación que habría paralizado la atención de unos 1,599 expedientes.
La situación afecta a proveedores nacionales y extranjeros que necesitan concluir sus trámites para participar en licitaciones y ejecutar obras públicas.
El sindicato sostiene que varios de los funcionarios designados no tendrían el perfil técnico requerido, por lo que algunos permanecieron en el cargo apenas semanas, un mes o incluso un día. También advierte que algunos enfrentarían investigaciones administrativas o penales
Los trabajadores alertan que esta inestabilidad comprometería la capacidad operativa del OECE para responder con eficiencia a las contrataciones del Estado, especialmente ante una eventual emergencia como el fenómeno del Niño.
Cuestionan directivas
También solicitaron revisar la aprobación de las Directivas n.° 011-2025-OECE/CD, N.° 004-2025-OECE/CD y n.° 015-2025-OECE/CD, así como del Lineamiento n.° 001-2025-OECE/CD, publicados el 18 de julio de 2026.
Estas disposiciones habrían sido aprobadas pese a observaciones técnicas y jurídicas formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica del propio OECE, especialistas en derecho arbitral, entre ellos el abogado Natale Amprimo Pla, las cámaras de comercio y la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Irregularidades en abastecimiento
Según los denunciantes, durante la gestión de Giancarlos Churano Noreña se habría incrementado la contratación de locadores de servicios para realizar funciones que ya eran desempeñadas por trabajadores bajo los regímenes CAS y 728.
Esta situación podría configurar una duplicidad de funciones y un uso ineficiente de recursos públicos.
El sindicato sostiene que estos hechos formarían parte de una serie de presuntos actos de corrupción que deberían ser investigados por el Ministerio Público para determinar si existieron responsabilidades civiles o penales.
Fuente Diario Expreso
