La Contraloría General de la República detectó en Essalud presuntas irregularidades en procesos de calificación y contratación de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y comprar equipos, así como para entregar materiales, que habrían generado un perjuicio económico a la institución de más de US$ 28´800,351.
El monto responde al pago de servicios no recibidos y también por implementación y gestión logística de almacenamiento, distribución y entrega de materiales en la red de almacenes y farmacias de Essalud, entre otros, informó la Contraloría.
A esa cifra se suma la cantidad de S/.49´015, 550 que la seguridad social no recibió por inaplicación de penalidades durante el período 2008-2014. Los funcionarios de esos años desarrollaron la modalidad de Asociación Público Privada para promover inversiones.
Según el informe de Contraloría, ellos ejecutaron un proyecto de inversión por iniciativa privada sin cautelar el cumplimiento de la normativa, bases y contrato. Lo adjudicaron al Consorcio SALOG S.A. y en el proceso se advierten los siguientes hechos:
- Ejecutaron un proyecto de inversión por iniciativa privada sin contar con estudios de pre inversión, ni declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Aprobaron bases para el referido proceso que restringieron a la participación de interesados en la etapa de precalificación, y calificaron como participante a una empresa que no acreditó la capacidad técnica.
- La empresa tampoco certificó la capacidad económica que se exigían en las bases y proyecto de contrato, los cuales fueron modificados cuando ya no era posible hacerlo por su condición de integrados (definitivos).
- Se pagó por el servicio de entrega de materiales en consulta externa y hospitalaria desde el inicio de las operaciones, y no desde la prestación real del servicio.
- Hubo incumplimiento del plazo de implementación del Sistema de Operación Logística en la totalidad de los 43 puntos de la red de almacenes y farmacias de Lima estipulados en el contrato.
- Hubo omisión de la aplicación de penalidades a la empresa por no haber culminado con las actividades de implementación en el plazo máximo de 18 meses para la Toma de Control Efectivo de las Operaciones (S/ 48 millones 400, 800). Asimismo, por no implementar la Oficina de Reclamos y Atención al Asegurado (S/ 501,600) y por obligaciones incumplidas en la prestación del servicio de distribución de material estratégico (S/ 113,150).
Los hechos descritos evidencian indicios de presunta comisión del delito de Concusión – Colusión Ilegal de diez ex funcionarios de Essalud que conformaron el Comité de Promoción de Inversiones en Infraestructura y Servicios de Salud (CPISS), Consejo Directivo y dependencias responsables de la supervisión, control y seguimiento del contrato.
La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría interpuso una denuncia penal contra los presuntos responsables ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima – Tercer Despacho de Investigación.
Fuente Andina
