INMUEBLES. Cada semana se conocen nuevos casos de entidades estatales que han contratado el alquiler de oficinas premium, que se suman a los del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), adscrito al MEF, y Qali Warma –que distribuye alimentos a niños de escasos recursos–, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ahora le tocó el turno a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Proyecto Especial para los Juegos Panamericanos.
De acuerdo con la investigación de Panorama, se trata de contratos millonarios y adjudicados de manera directa: S/ 23 millones, S/ 17.7 millones y US$ 1.89 millones, respectivamente; en edificios modernos e inteligentes, ubicados en zonas de altísimo valor inmobiliario. Cabe resaltar que todos los contratos fueron suscritos en el Gobierno de PPK, calificado por muchos analistas como “frívolo” y “alejado de la realidad”, y durante el periodo en el que el gasto corriente se elevó considerablemente.
Uno de los primeros ofrecimientos del Gobierno de Martín Vizcarra fue precisamente reducir el gasto improductivo, aunque cuando se anunció la necesaria austeridad todavía se ignoraba que algunas entidades públicas habían decidido que el derroche justificaba sus requerimientos de comodidad y “adecuadas condiciones de trabajo”. La reacción ante el escándalo ha sido rápida, aunque un poco desarticulada.
Lo primero fue el despido de las jefas de OSCE y Qali Warma, y la decisión del MEF de encargar un análisis “de todos los espacios físicos que ocupan las entidades del Estado”. Pero posteriormente, cada responsable ha optado por hacer anuncios por su cuenta; incluso, el Midis ha emitido una resolución ministerial sobre el particular. Habría que poner orden y que el MEF se encargue de centralizar la elaboración de un único informe, que vaya más allá de detectar cuánto se malgasta en oficinas.
Es que el principal problema es el ineficiente manejo que el Estado hace de sus inmuebles, pese a que cuenta con una superintendencia cuya función es administrarlos. Por ejemplo, podría adjudicar a un fondo inmobiliario el alquiler de sus edificios en San Isidro –como Petroperú– y trasladar esas dependencias a zonas menos onerosas, incluyendo el Midis, que opera en un distrito acomodado pese a que su tarea es aliviar la pobreza. Existía un proyecto para construir un complejo ministerial en Breña. Laborar allí no tendría mucho glamour, pero el dinero público no puede despilfarrarse con tanto desparpajo.
Fuente Diario Gestión
