Esto en la medida que el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) estableció como nuevo criterio interpretativo que los impedimentos para contratar con el Estado aplicables a los funcionarios o servidores públicos mencionados en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), no son extensibles a su labor docente, tanto cuando esta se ejerce bajo un régimen laboral como de locación de servicios.

Decisión que fue adoptada por los vocales de este colegiado administrativo por mayoría mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2021/TCE, que deja sin efecto el criterio interpretativo plasmado en los numerales 1 y 2 del Acuerdo de Sala Plena N° 008-2020/TCE referido con el alcance de los impedimentos fijados para el ejercicio de la docencia.

El nuevo criterio interpretativo se aplica entonces al presidente y los vicepresidentes de la República, congresistas de la República, jueces supremos y titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.

También a los ministros y viceministros de Estado; gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales; jueces de las cortes superiores de justicia; así como a los alcaldes y regidores.La decisión de este colegiado también alcanza a los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y a los gerentes de las empresas del Estado.

Fundamento

El Acuerdo de Sala Plena N° 003-2021/TCE reconoce que el fundamento o justificación de los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista en las contrataciones del Estado, respecto de los servidores y funcionarios públicos, es evitar situaciones de injerencia o ventaja de estos en las contrataciones del Estado, que puedan distorsionar la competencia, y que este supuesto no se presenta en el caso del ejercicio de la labor docente, señala el Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie Internacional en un reciente informativo jurídico electrónico en el cual se da cuenta de este nuevo acuerdo del TCE.

El TCE toma en consideración que la Constitución Política del Perú y las leyes habilitan expresamente a los funcionarios y servidores públicos a prestar servicios docentes, independientemente del régimen contractual que los vincule con la entidad, por lo que no corresponde que los impedimentos restrinjan esta habilitación, precisa la firma legal.

En adición, añade, el nuevo acuerdo de Sala Plena del TCE señala que no es conveniente para el Estado impedir la labor docente de los funcionarios y servidores, pues desaprovecharía las capacidades públicas, privando de buenos docentes al sistema educativo.

Impacto

La citada consultora legal coincide en el criterio expresado por el TCE en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2021/TCE, pues se fundamenta en una interpretación restrictiva de los impedimentos de los funcionarios o servidores para contratar con el Estado, y que toma en cuenta la finalidad de la norma específica y su compatibilización con las demás normas del sistema jurídico.

En ese sentido, este acuerdo deja sin efecto el criterio interpretativo plasmado en los numerales 1 y 2 del Acuerdo de Sala Plena N° 008-2020/TCE, según el cual el impedimento de los funcionarios y servidores públicos previsto en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, sí se extendía a la labor docente.

Sin embargo, para la firma legal surge la interrogante de cómo se procedería con aquellos funcionarios y servidores públicos que hayan podido ser sancionados con inhabilitación bajo el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2020/TC. Esto porque lo que subyace en el cambio de posición es la corrección de una interpretación errada sobre el marco normativo, detalla.

Interpretación sistemática

A criterio del Tribunal de Contrataciones del Estado, entender que los impedimentos para contratar con el Estado también deben aplicarse aun cuando se trate del ejercicio de la función docente, no encuentra justificación o respaldo en la exposición de motivos de la Ley de Contrataciones del Estado, ni encuentra lógica allí donde el propio ordenamiento jurídico admite que esa labor docente del funcionario o servidor sí puede efectuarse bajo régimen laboral con entidades que realizan función educativa, o cuando se realiza en instituciones educativas privadas.

En todo caso, se aprecia que la redacción contenida en el listado de impedimentos para contratar con el Estado responde a su propósito de regular el mercado de compras públicas y evitar distorsiones o conductas que lo afecten, pero no persigue limitar el ejercicio de la función docente de funcionarios y servidores públicos que posee reconocimiento constitucional y desarrollo en nuestro ordenamiento legal vigente, recalca el colegiado administrativo. Por ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronuncia a partir de una lectura e interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, partiendo de las reglas previstas en la Constitución Política, que es la que admite, prima facie, la labor docente del funcionario o servidor público, así como las leyes que establecen las excepciones para el ejercicio de la función docente.

Fuente El Peruano

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