Hace unos días, tras el escándalo suscitado por el ‘negociazo’ del ex consejero presidencial en temas de salud Carlos Moreno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se dirigió a la nación para hacer un mea culpa y anunciar algunas medidas para que las entidades públicas fortalezcan la lucha contra la corrupción, como la inhabilitación para los funcionarios sentenciados por corrupción, la revisión estricta de los entornos presidencial y ministeriales, la convocatoria a los demás poderes del Estado, y la creación de una Comisión Presidencial de Integridad. Ni una palabra se dijo, sin embargo, acerca de los corruptores.
Cuando se trata de hechos de corrupción es muy común que la mirada apunte solo en dirección al aparato estatal, y a las acciones que se pueden tomar para evitar y sancionar el desvío del poder en las instituciones públicas. Es cierto que para combatir este flagelo es importante mejorar los sueldos de los funcionarios públicos, reducir las trabas burocráticas que aumentan las oportunidades para la corrupción, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos, mejorar los niveles de transparencia en la gestión pública, entre otras medidas más. Pero no hay que pasar por alto que “se necesitan dos para bailar el tango”.
Sin ir muy lejos, en el Caso Moreno, la Clínica de Osteoporosis no es un mero ‘actor de reparto’ sino protagonista del fallido ‘negociazo’. Como se recuerda, el Arzobispado de Lima había firmado un convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS) para que los centros médicos de la Iglesia Católica pudieran atender a los pacientes del seguro público. La intervención de Moreno apuntaba primero a la celebración de dicho convenio y, luego, uno segundo entre el Arzobispado y la Clínica de Osteoporosis para que esta última brindara la atención médica con cargo a los fondos públicos; un negocio orquestado por el ex consejero que, se entiende, hubiera beneficiado a la mencionada clínica privada y, seguramente, a algunos de sus gestores.
Desde el sector privado, lamentablemente, no se han escuchado voces de indignación por lo ocurrido. Ni siquiera se ha oído a los gremios empresariales del sector salud tomar distancia de estas malas prácticas empresariales, para evitar que se incluya a todas las clínicas privadas que proveen servicios al SIS dentro de un mismo saco.
En realidad, las empresas deberían ser las primeras interesadas en repudiar tales actos de corrupción. Los negocios o ventajas ilícitas que obtiene una empresa al corromper a servidores públicos no solo restan oportunidades e ingresos a otras empresas que actúan dentro de la legalidad, sino que, además, siembran dudas en la ciudadanía sobre el proceder ético del sector privado.
Es cierto que, a nivel colectivo, determinadas asociaciones empresariales locales ya han implementado algunas medidas como la adopción de códigos de ética o la creación del Consejo Privado Anticorrupción anunciada hace unos meses por la Confiep, iniciativas positivas que, no obstante, aún no se ven acompañadas de adecuados mecanismos de cumplimiento. ¿Cuál ha sido la última denuncia de corrupción hecha pública por una empresa privada? ¿Cuántos casos se han dado de sanción o expulsión de un gremio por conductas reñidas con la ley o la ética empresarial?
Si como sociedad queremos emprender una verdadera lucha contra la corrupción, es imprescindible que todos los actores, públicos o privados, se involucren en la tarea. Los corruptos tienen demasiados cómplices como para quedarnos conformes con ser meros espectadores.
Fuente El Comercio
