El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, dijo este martes que las constructoras vinculadas al exclusivo ‘Club de la construcción’ −acusadas de pagar coimas a cambio de obras públicas− no tienen impedimento para participar en las licitaciones del Estado.

En una entrevista con Central de Informaciones de RPP, explicó que las empresas que sí están prohibidas de contratar con el Estado, de acuerdo a ley, son aquellas que han recibido una sentencia por corrupción o que sus representantes hayan admitido estar implicados en actos ilícitos.

Edmer Trujillo precisó que las que actualmente están sometidas en un proceso de investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado “no tienen ningún impedimento” para seguir participando en los procesos de selección.

“Hacemos lo que la ley establece. He escuchado a muchos congresistas que mencionan por qué seguimos contratando [a compañías indagadas por este proceso judicial], inclusive hay algunos informes del Parlamento que recomiendan al Ejecutivo no contratar con las empresas del ‘Club de la construcción’. La única manera de impedir que estas compañías participen en los procesos de contrataciones es cuando la ley lo prohíba, y la ley las dan las congresistas, así que la lucha contra la corrupción es tarea de todos”, comentó.

Y prosiguió el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo: “Los legisladores tienen una tarea importante de sacar una ley que prohíba que estas empresas participen en los procesos de selección”.

Según la Fiscalía, las empresas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, OAS, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, JJC, Obrainsa, Queiroz Galvao, Cosapi, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A.; JOHE S.A., Constructora OAS, Engil Perú, entre otras firmas, habrían sostenido reuniones periódicas para pactar la distribución de las principales obras viales del país que eran ejecutadas por Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Fuente RPP

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