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Ejecutivo busca que empresas privadas desarrollen programas anticorrupción

Ejecutivo busca que empresas privadas desarrollen programas anticorrupción

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está buscando que el sector privado nacional desarrolle programas de cumplimiento anticorrupción en toda su cadena de valor, informó hoy el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez.

 Detalló que el sector empresarial se ha comprometido a desarrollar programas anticorrupción en sus compañías, no obstante el Poder Ejecutivo está buscando que, dentro del respeto a la libertad de empresa,  desarrolle programas de cumplimiento anticorrupción en toda su cadena de valor, incluidos proveedores y consumidores, sobre todo si contratan con el Estado.

Remarcó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja también con el sector empresarial, la academia y la sociedad civil en la implementación de medidas orientadas a la lucha frontal contra la corrupción en el país.

Al celebrarse mañana el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el viceministro agregó que en el ámbito de la academia y la universidad se viene trabajando en la necesidad de desarrollar y fortalecer el tema de la formación de valores y el liderazgo.

Anotó que también se requiere trabajar con la prensa para que ayude a despertar la consciencia ciudadana enfatizando las causas de la corrupción.

Asimismo, señaló que, con la sociedad civil, se requiere avanzar en el fortalecimiento de los principios y valores, y lograr enganchar y comprometer a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

“No hay lucha anticorrupción que se sostenga si no cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Es importante por ello crear mecanismos de sanción social. Al corrupto tiene que darle vergüenza serlo, tenemos que recuperar esa capacidad de indignación”, apuntó.

Anunció además que siguiendo el ejemplo de Guatemala, un grupo selecto de abogados de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia será capacitado para orientar e informar a la ciudadanía con el fin de que la propia población pueda hacer denuncias comprometidas, sustentadas y eficaces sobre actos de corrupción que conozca, considerando que es la ciudadanía la que muchas veces sabe si un vecino o funcionario ha cometido algún delito.

Fuente Andina

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