La complejidad de la regulación en el sector construcción hace que muchas veces se caiga en la falta de precisiones, lo que obliga a las empresas (entre si) y al Estado (frente a un privado) ir a un arbitraje, dijo Juan Huamaní, especialista en este tema.
Así, dijo que el 30% del total de arbitrajes que se dan en el país surgen en el sector construcción (tanto entre privados ad hoc e institucionales).
Precisó que las controversias en el sector surgen por la dificultad de administrar partes de un contrato en las que la regulación, los plazos administrativos o las condiciones operativas, no permiten a los contratantes cumplir con sus compromisos.
“A esas condiciones puede añadirse el hallazgo, por parte de contratantes y contratistas, durante el desarrollo de las obras, de condiciones que técnicamente no fueron bien evaluadas por las partes, antes de la firma del contrato, mientras que otro factor también podría ser la inoperancia en la administración propia del contrato, desde la emisión de órdenes de compra (algo que se suele ver mucho en compras estatales) y los pagos al proveedor”, explicó.
El especialista detalló que una de las ventajas del arbitraje es la especialización que no se encuentra en un juzgado comercial, por ejemplo; la predictibilidad de su duración (podría durar más o menos un año, en promedio) y su impacto en los costos para las partes, así como el hecho de que los árbitros sean designados por ambas partes o por un consejo arbitral en el caso que se acuda a una institución.
Fuente Diario Correo
