Mientras en las zonas más pobres de Trujillo, menores de edad, madres gestantes y ancianos sufren cada vez que se produce el desabastecimiento de productos alimenticios, unas 27 toneladas de alimentos están a punto de quedar inservibles debido a que en ocho días caduca su fecha de vencimiento.
Se trata de quinua, avena, cereales, entre otros alimentos que fueron adquiridos en agosto del año 2018 por la administración anterior en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), y que increíblemente permanecieron en los almacenes de la comuna.
Todo apunta a que la compra –que iba a ser para abastecer a las zonas más vulnerables hasta diciembre último– fue excesiva. En total la comuna adquirió 131 toneladas por un millón 200 mil soles. Pero 27 toneladas están a punto de vencer.
Esta situación fue reportada por la subgerenta de Programas Alimentarios, Erika Deza Lossio, y tratada ayer en la sesión extraordinaria de concejo, en la cual incluso se iba a debatir la posibilidad de donar esas 27 toneladas. Al final la iniciativa no fue aprobada, por cuanto se ponía en riesgo la salud de los eventuales beneficiarios.
Se viene la denuncia
El alcalde Daniel Marcelo Jacinto anunció que continuarán las investigaciones y que denunciarán penalmente a los responsables de esta situación. Se refirió directamente al exburgomaestre Elidio Espinoza Quispe. Durante la administración pasada hubo continuos desabastecimientos de alimentos en los clubes de madres.
“Seguramente en la próxima sesión acordaremos que se autorice al procurador formalice la denuncia penal contra la gestión pasada. Es grave lo que han hecho. La gestión anterior, durante el proceso de transferencia, nos ocultó mucha información. Recién enero y parte de febrero nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación”, acotó.
Marcelo indicó que han solicitado al proveedor que cambie los productos y este ha pedido que precise las cantidades. “Parece que hay predisposición para cambiar (el producto que vence en marzo)”, manifestó.
¿Faltó reacción?
La regidora del Partido Aprista, Olga Cribilleros Shigihara, consideró que hay responsabilidad compartida en esta situación que ha perjudicado a miles de niños.
Explicó que en enero último ya se conocía la adquisición perjudicial que realizó la gestión de Elidio Espinoza en el último trimestre del 2018, pero la Subgerencia de Abastecimiento no hizo un seguimiento oportuno de dicho proceso a fin de evitar la pérdida de los productos alimenticios.
“En la segunda sesión ordinaria, en enero, ya se conocía esto. Hubo el tiempo suficiente para actuar”, dijo Cribilleros.
De la Cruz pide intervención de la Fiscalía
La concejal aprista Olga Cribilleros Shigihara responsabilizó directamente de esta situación a Liz Miranda Medina, subgerente de Abastecimiento del ayuntamiento. “Esa área no hizo un seguimiento oportuno de dicho proceso”, reiteró.
El regidor oficialista Robert de la Cruz, sostuvo que los exfuncionarios y los proveedores que fueron responsables de la compra de alimentos que están por vencer deben ser denunciados penalmente porque se ha cometido un delito de colusión y negociación incompatible. Consideró que la Fiscalía también debería intervenir.
Fuente La República
