La Contraloría General de la República ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión el problema de la corrupción en nuestro país y lo profundamente enquistada que se encuentra tanto en el ámbito público como en el privado.
Esta institución presentó recientemente el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (Inco 2021), un estudio que evalúa por primera vez el desempeño de las entidades estatales en materia de rendición de cuentas, transparencia y comisión de actos irregulares.
Se trata, en palabras del contralor general de la República, Nelson Shack, de una radiografía sobre los riesgos de la corrupción y las inconductas en el sector público.
Los hallazgos del estudio son desalentadores: nueve de cada diez de las entidades estatales evaluadas presentan problemas de corrupción y de inconducta funcional. Entre los problemas detectados figuran negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo, nepotismo, perjuicio al Estado o impunidad.
Asimismo, los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones que son materia de impedimentos, según la Ley de Contrataciones del Estado, son los que presentan mayores inconvenientes.
El estudio de la Contraloría confirma, por consiguiente, que la corrupción es uno de los principales enemigos del Perú y que todos los esfuerzos desplegados, por más buenas intenciones que tengan, están siendo infructuosos.
Es preciso revertir este mal si queremos que el Perú se desarrolle, ya que la corrupción es un lastre que impide avanzar y atender las necesidades de la población más vulnerable. Se estima, por ejemplo, que las pérdidas económicas nacionales al año debido a este flagelo ascienden a la extraordinaria cifra de 23,000 millones de soles, recursos que bien podrían servir para cerrar las brechas de infraestructura vial.
Lo anterior es un claro ejemplo de cómo la corrupción impide mejorar la calidad de vida de la población. Y es justamente por ello que el esfuerzo debe centrarse en combatirla desde la raíz con una estrategia transversal a todo el aparato estatal, pero también enseñando desde la más tierna edad a rechazar drásticamente cualquier aproximación al problema.
Y para quienes cometan delitos de este tipo, las sanciones deben ser ejemplares y sin ningún tipo de contemplaciones. El castigo para los corruptos ha de tener una naturaleza punitiva y sancionadora, pero también debe servir como ejemplo para desalentar a todos aquellos que sean tentados a traicionar a la población robando recursos que bien podrían servir para financiar medidas sociales en beneficio de todos.
Por eso, saludamos el estudio elaborado por la Contraloría, ya que representa una base que permite conocer esta realidad en nuestro país y, a partir de ella, tomar medidas y ejecutar los correctivos que sean necesarios para comenzar a solucionar un problema que agobia a nuestra sociedad desde antes de los albores de la República.
Fuente El Peruano
