La corrupción no solo saquea las arcas del Estado, también golpea el ánimo de los ciudadanos.

Esta conclusión se extrae de un estudio epidemiológico realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental.

La población adulta, concluye el trabajo, percibe como principales problemas en el país a la delincuencia y corrupción. El 59.4% de consultados refieren que tienen sentimientos de preocupación, pena, tristeza, depresión, cólera, indignación e impotencia frente a estos problemas.

Además, el 90.4% de los adultos desconfían de las autoridades políticas, jueces y policías a consecuencia de estos actos que ven la luz pública mediante los medios de comunicación.

El coordinador regional de Salud Mental en Arequipa, Helmer Jiménez Ibáñez, considera que la repercusión en la salud mental de la población se acentúa más en las regiones que en la capital. Esto porque carecen de servicios básicos y las decisiones para progresar dependen del centralismo.

“Al político no le importa la Patria, así como al narcotráfico no le importa el usuario. Hay una actitud egoísta de la persona que tiene el poder”, refiere Jiménez. Al poderoso solo le importa estar bien, así el resto no alcance el bienestar.

Así entra a tallar la corrupción, definido como el mal uso del poder para obtener ganancias personales a costa de los ciudadanos.

Por eso, esta mala práctica se configura en un factor estresante de carácter psicosocial que contribuye a la sensación de malestar, preocupación, cólera, desaliento, desgano, tristeza y angustia entre la gente, señala la psiquiatra de la Dirección de Salud Colectiva del Instituto de Salud Mental, Vanesa Herrera López.

Añade que “la corrupción incrementa la pobreza en el país y esto tiene relación con la salud mental, en especial con el episodio depresivo, lo que influye en la economía de las familias y en mayor inequidad y desigualdades sociales”.

La inestabilidad económica y social también es un estresor psicosocial.

En el país, el caso Odebrecht permitió desentrañar la maraña de corrupción que se practicó en los últimos tres gobiernos, desde Alejandro Toledo, Alan García hasta Ollanta Humala. Ahora investigados por la Fiscalía.

PÉRDIDA DE VALORES

El psicólogo Helmer Jiménez advierte que a consecuencia de los actos corruptos se configura un nuevo problema que es la pérdida sustancial de la escala de valores en la opinión pública, justamente porque la clase política demuestra que ya los perdió.

Mientras tanto el Instituto Nacional de Salud Mental señala que la ciudadanía se afecta cuando los líderes políticos quiebran sistemáticamente las reglas y leyes que la sociedad establece.

El estudio base que toma el Instituto Nacional de Salud Mental arroja que el 5,4% de la población en Lima considera permisiva la mentira frecuente, la violencia o el robo. Eso grafica a una sociedad tolerante a las conductas deshonestas o psicopáticas. También permite identificar la anomia, que se da cuando a una persona no le importa actuar de forma honesta o no.

Jiménez explica que en este análisis también se identifica el esbozo de una nueva personalidad en la sociedad. “El ser humano es muy individualista, todo lo ve muy vertical (…)”, es decir, para beneficio propio.

EFECTOS EN LOS JÓVENES

El director del centro de salud mental Moisés Heresí, José Alvarado Adco, explicó que independientemente del sentir de la población adulta, los problemas de delincuencia y corrupción afectan a niños y adolescentes.

Esto porque esta población no tiene una figura a la cual seguir o que sea un modelo de buen comportamiento en la vida. “Se crea una desilusión, frustración en la persona”, explica.

Alvarado manifiesta que esas situaciones pueden llevar a la persona a un descontrol de los impulsos, actos de violencia y hasta cuadros depresivos.

Pero también hay un sector de la población a la cual le es indiferente los cambios que ocurren en el país. Por ejemplo, con la salida del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, no hubo protestas masivas ni mayores reclamos. El psiquiatra refiere que eso se debe a que la población adulta percibe que “como es cosa de todos los días, no hay capacidad de indignación”.

Fuente La República

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